Venezuela enfrenta una crisis de dimensiones colosales. El tamaño de su economía es en 2017 aproximadamente 33,0% menor de lo que fue en 2013, la inflación está desatada y amenaza con llegar a 1.000% este año, la producción petrolera tiene diez meses declinando de manera sostenida y no hay forma de detenerla, los servicios públicos tales como telefonía, agua y electricidad están en virtual estado de colapso por la falta de inversiones. Pero tal vez el indicador que mejor resume el drama venezolano es el hambre que sufre el pueblo ocasionado en la caída del poder adquisitivo como resultado de la elevada inflación y la falta de empleos bien remunerados. Al menos el 30,0% de las familias venezolanas al despuntar el día, no sabe qué va a comer. Esta es la crisis de un modelo que hizo las cosas mal: estatizó lo que no debía y aplicó un sistema de controles de precios y de cambio que ha atenazado la economía.
El control de precios ha provocado una caída de la inversión y generado escasez, como ha sucedido donde esos controles se han aplicado. El resultado es bienes con precios supuestamente regulados pero inexistentes, lo que incentivado un formidable mercado negro donde se consiguen todos los bienes básicos a precios exorbitantes. Por su parte, el control de cambio ha devenido en una poderosa maquinaria de corrupción al tener tres tasas de cambio para el dólar. Esto ha causado asignaciones de divisas de forma discrecional y el fortalecimiento de un mercado paralelo de divisas fuera de cualquier regulación racional que debe tener un mercado organizado. Estos factores se han combinado para imprimirle una volatilidad extraordinaria a las tasa de cambio paralela, con sus efectos indeseados.
Venezuela está obligada como país a resolver la crisis económica que hoy la azota porque de otro modo el ingreso nacional va a continuar cayendo y la pobreza seguirá haciendo estragos. La premisa fundamental para revertir la crisis de la economía es dar un giro en el modelo económico y aplicar el cuerpo doctrinario establecido en la Constitución donde se pauta una economía orientada a la justicia social, la eficiencia y la libre competencia. Ello se traduce en un conjunto de acciones de políticas inmediatas, urgentes, que deben acometerse. En primer lugar, debe simplificarse el control de cambio y a mediano plazo unificar las tasas de cambio. En segundo término, hay que levantar el control de precios tanto en bienes públicos como en productos esenciales para que se restablezca la inversión y se elimine la escasez. Conjuntamente con lo anterior se instrumentará un esquema de subsidios a los verdaderos pobres para así no malgastar los recursos en transferencias generalizadas que son muy costosas. En tercer lugar, modificado el sistema cambiario, el BCV no debe seguir financiando el déficit fiscal ni el de PDVSA, para de esta forma frenar en seco la emisión de dinero inorgánico, la cual es la causa última de la inflación y la depreciación del bolívar. En cuarto lugar, Venezuela está obligada a refinanciar la deuda externa.
Con el actual cronograma de pagos, en un contexto donde los precios del petróleo han aumentado pero la producción ha caído no hay manera de contar con los ingresos para hacer los pagos sin que ello se traduzca en una restricción de las importaciones. Un refinanciamiento implica alargar el plazo de los pagos y disminuir las tasas de interés que se paga por los bonos. Finalmente, es perentorio diseñar una nueva política petrolera que atraiga la inversión tanto nacional como extranjera, flexibilice el sistema fiscal y provea seguridad jurídica y personal en toda la cadena de la industria de los hidrocarburos. Acá mi modesto aporte en esta hora difícil que vive Venez