El escándalo de corrupción que puso a temblar al Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, ganó hoy un nuevo capítulo con el arresto este domingo del empresario que hizo las graves denuncias contra el mandatario, tras descubrirse que omitió informaciones, reseña EFE.
El magistrado Luiz Edson Fachin, el instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó en la noche del sábado la detención del empresario Joesley Batista, propietario del gigantesco grupo cárnico JBS y autor de las denuncias que llevaron a la Fiscalía a solicitar la investigación por corrupción contra Temer.
Poco después de ser informado de la decisión, el empresario se presentó voluntariamente en la tarde de este domingo en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo junto con Ricardo Saud, otro ejecutivo de la JBS contra quien también dictada la detención, y la previsión es que ambos sean conducidos a un presidio en Brasilia.
Fachin, al atender una petición de prisión hecha el viernes por la Fiscalía, admitió que hay indicios de que el empresario ocultó que recibió asesoría “ilegal” de un fiscal para negociar el acuerdo por el que recibió generosos beneficios judiciales a cambio de confesar sus crímenes y denunciar al gobernante.
En una conversación con uno de los ejecutivos de la JBS, cuya grabación fue divulgada esta semana, el millonario empresario admite que fue asesorado en las negociaciones por Marcello Miller, que en la época era uno de los principales asesores del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot.
“Hay indicios suficientes de que los colaboradores omitieron, en el momento en que formalizaron el acuerdo de delación premiada, informaciones que estaban obligados a ofrecer sobre la asesoría que recibieron del entonces procurador de la República Marcello Miller cuando negociaron los términos del acuerdo”, alegó Fachin.
El magistrado extendió al orden de arresto a Saud, el interlocutor de Batista en la conversación grabada, pero se negó a aceptar la petición para incluir también a Miller.
El empresario disfrutaba de libertad gracias precisamente a que su acuerdo con la Fiscalía le garantizó inmunidad total a cambio de señalar a los cerca de mil políticos a los que le pagó sobornos para que beneficiaran sus negocios, incluyendo a Temer.
El ejecutivo de la JBS afirmó que le pagaba coimas a Temer desde 2010 y que incluso lo siguió haciendo cuando ya ejercía su mandato presidencial, y presentó como prueba una comprometedora grabación en la que el actual jefe de Estado escucha y hasta consiente en silencio delitos relatados por el empresario.
Con base en las denuncias de Batista, la Fiscalía presentó una denuncia contra el mandatario el pasado 26 de junio por corrupción pasiva, la cual fue archivada a principios de agosto por la Cámara baja, lo que impidió a la Corte Suprema abrir un proceso penal contra el gobernante.
Las denuncias de los ejecutivos de la JBS fueron usadas por Janot como base en la primera acusación contra Temer y también serían aprovechadas en los nuevos cargos contra el mandatario que el Fiscal ha dicho que presentará antes del próximo domingo, cuando concluye su mandato en la Procuraduría.
Pero la revelación de que el empresario omitió informaciones en su delación, que puede llevar a la Fiscalía a anular todos los beneficios que le concedió, ha sido aprovechada por varios de los políticos acusados para desacreditar al empresario.
El abogado del gobernante, Antonio Claudio Mariz, dijo que volverá a pedir la “anulación total de supuestas pruebas” obtenidas contra Temer con los testimonios de los directivos de JBS, que “están viciados y son totalmente inválidos” ante la ley.
Mariz dijo igualmente que aprovechará la revelación de que el empresario fue orientado por un asesor de la propia Fiscalía en su acuerdo de delación para reforzar la petición que le hizo a la Corte Suprema para que el actual Procurador General sea impedido de participar en procesos contra el mandatario.
Los abogados del jefe de Estado alegan que Temer sufre una persecución política por parte del Procurador General.
Sin embargo, el propio Janot, cuando anunció el pasado lunes que revisaría el acuerdo con los ejecutivos de la JBS tras la constatación de que ocultaron informaciones, dejó claro que ello no invalidaría ni sus denuncias ni las pruebas que presentaron.
En el mismo mandato en que determinó la detención, Fachin también autorizó a la Fiscalía a revisar los beneficios concedidos a los ejecutivos de la JBS y que, además de total inmunidad, favorecían la continuación de las operaciones de sus empresas.
“Tal hecho (la omisión de información) puede configurar justa causa para la posterior rescisión del acuerdo. Es procedente, por lo tanto, en los términos pleiteados por la Fiscalía, la parcial suspensión cautelar de la eficacia de los beneficios acordados entre la Procuraduría y los colaboradores”, afirmó el magistrado. EFE