Nuevo diálogo habemus y, por supuesto, que las peores sospechas vuelven a nublar un inconsciente político opositor que, desde que se anunciaron las regionales, rueda por una pendiente de confusión, pesimismo y desesperanza.
Y para demostrarlo, nada mejor que las cifras de participación en las primarias del domingo pasado que, no alcanzaron el millón de electores (menos del 10 por ciento del patrón electoral) y dejaron con los crespos a políticos como Henry Ramos y Henrique Capriles que comparten la teoría de que, el llamado a elecciones, a cualquier elección, provoca en el venezolano una suerte de reacción pavloviana que lo induce a comportarse irracionalmente y sin detenerse en los “¿por qué y para qué?”
Bien está que, ya algunos teóricos “electoralistas” salieron a reconfortarnos con el dato de que, es la cifra stándard de participación mundial desde que el mecanismo fue inventado en los Estados Unidos creo que en los 60 o 70, pero olvidándose de aclararnos de que, en un país con una dictadura o democracia sui géneris, los comportamientos con relación a los imperativos de “votar” o “votar”, también tendría que ser diferentes a la rutina de la media internacional.
Sucedió así en casi todos los eventos electorales realizados desde que hace 18 años, en febrero de 1999, Hugo Chávez, empezó a desenrollarnos su dictadura por partes, por capítulos, o experimentos, hasta fraguarnos un régimen de fuerza, colectivista, militarista y neototalitario casi sin darnos cuenta y enormemente favorecido por “el beneficio de la duda”, pues hay todavía voces de dentro y fuera del país que alegan que, en una sociedad donde “se vota tanto”, no puede haber dictadura.
Es una percepción, más que una afirmación, que podría considerarse –e incluso creerse-si las elecciones se realizaran de acuerdo a las prescripciones constitucionales y de la propia Ley Electoral que, establecen normas generales y de obligatorio cumplimiento para todos los participantes, autoridades independientes y sin otro dictado que obedecer la ley, y reglas que prohíben el ventajismo para que, quienes voten, confíen en que su voluntad les será respetada.
En lo que he llamado la “dictadura electoralista” de Chávez y sus sucesores, sin embargo, la Constitución y las Leyes son ampliamente violadas, las autoridades en todos sus niveles y tramos pertenecen y cumplen órdenes del partido de gobierno, y el clientelismo (la compra de votos a través de beneficios “sociales”) y el ventajismo, le aseguran al gobierno todas las facilidades para que sus candidatos se impongan.
Pero sería falso establecer que, en las cientos y tantas elecciones que se han realizado durante el chavezato y el madurato, los candidatos de los partidos de oposición a alcaldías, gobernaciones y diputaciones perdieron siempre, o que si ganaron, no se les reconoció el triunfo y, mucho menos, se les permitió ejercer el cargo para que el que fueron postulados y electos.
No, aun en los tiempos en que Chávez estuvo en lo político y económico en mejor capacidad de ejercer el poder total, cedió espacios, y tiempos hubo, cuando ya entró en el declive, como en el 2009, y 2010, en que perdió casi la mitad de la gobernaciones y la mayoría simple en la Asamblea Nacional, aunque sin reconocerlo.
Hay que subrayar, sin embargo, que esta generosidad electoral, siempre estuvo sujeta a entredichos, según la importancia del cargo cedido por la voluntad popular, ya que si se trataba de una alcaldía, gobernación o diputación clave, se les creaba un cargo o entidad paralela, o se les negaba el presupuesto o simplemente se les detenía por las resultas de un juicio inventado y sumario que anulaba de facto la decisión de los electores.
Pueden llegar a la centena, entonces, los funcionarios de la oposición electos por el pueblo que fueron desincorporados de sus cargos, presos o forzados al exilio por sentencia de tribunales que, no buscaban otro propósito que dejar claro que la fuente, el origen del poder en Venezuela, no eran los electores a través del voto, sino el Jefe, el Caudillo, el Comandante, el Mandamás por su real y total voluntad.
Vendrían unas elecciones, sin embargo, las parlamentarias del 6 de diciembre del 2015, que revelaron ser la excepción de la regla, unas en las que el gobierno y su maquinaria electoral, no solo reconocieron que las habían perdido, sino que las había perdido por mayoría absoluta
En otras palabras que, el gobierno validaba la voluntad popular al extremo de admitir que lo despojaba del otro gran poder del Estado, el Poder Legislativo que, sorprendentemente, recuperaba su independencia y podía legislar para hacer cumplir la Constitución que, sobre todo, debía ocuparse de quienes la violaban y se negaban gobernar constitucionalmente.
Pareció ser el fin de la “dictadura electoralista”, y en efecto lo fue, pero no para restablecer a la democracia, sino para expresarla en el poder de las armas, en la violación sistemática de los derechos humanos y un auge de la represión que más y más ha sido asumido por los cuerpos policiales, los paramilitares que llaman colectivos y la Fuerza Armada Nacional, FAN, que no está directamente involucrada en la represión de Maduro, pero si es el gran paragua en el que se cobija para imponer la violencia.
Se trata de un estado forajido al margen de la ley, aliado de la delincuencia organizada, del narcotráfico y el terrorismo que, empezó disolviendo de facto la Asamblea Nacional electa el 6D y sustituyéndola por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ que, actuando de conjunto con otro poder ilegal, el CNE, se negaron durante todo el 2016, a realizar el cronograma electoral que pautaba la celebración de un Referendo Revocatorio y las elecciones para alcaldes y gobernadores fijadas para diciembre de ese año.
Fue para rescatar el hilo constitucional, imponerle al gobierno las elecciones y obligarlo a respetar los derechos humanos, por lo que, la oposición, desde la AN, llamó al pueblo a la “desobediencia civil” contra la dictadura y se puso al frente de las gigantescas manifestaciones que, de abril a julio pasados, y en todo el país, se lanzaron a la calle a luchar contra los cuerpos represivos de la dictadura con un saldo de 110 venezolanos asesinados, 600 heridos y 2000 detenidos por ejercer el derecho constitucional de rebelarse contra un gobierno que estaba, inapelablemente, al margen de la ley.
Justamente, en la última quincena de julio, los días 16 y 30, se realizaron los dos últimos eventos que podemos tomar como marcadores de los sucesos que se viven hoy día y que son decisivos para determinar hacia donde pueden inclinarse las tendencias políticas venezolanas en lo que resta del año: el plebiscito que, a nombre de la oposición y la AN, consultó al pueblo sobre las políticas que adelantaba para derrocar a Maduro; y la realización de unas elecciones para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que debe suspender la Constitución vigente, la CRBV y redactar una nueva.
En el plebiscito propuesto por la oposición y la Asamblea Nacional, se logró una aprobación de siete millones de votos y medio que ordenaban continuar las políticas que buscaban derrocar a Maduro y restituir el hilo constitucional; en tanto, que el gobierno hacía elegir unos 500 constituyentes mediante un gigantesco fraude que, denunciado, por distintas instituciones del país y, sobre todo, por la empresa que ha fungido como la responsable del manejo de la plataforma electrónica del CNE, Smartmatic, se ha conocido como “el fraude electoral más gigantesco de la historia”.
Sin embargo, puede afirmarse que, mientras el gobierno ha continuado en su política de seguir ahogando a la oposición y a la AN al crear un Poder Legislativo paralelo que intenta anular la constitución vigente y sustituirla por una nueva; la MUD se ha apartado del mandato del plebiscito y se ha plegado a participar en unas elecciones regionales, con las que el gobierno, simplemente, trata de apartarla de la calle, y luego, ya en el teatro de unas elecciones que no podrán ser vigiladas, controladas y certificadas, aplicar otro gigantesco fraude.
Y es en el contexto de la realización de las regionales que, ya fueron oficialmente convocadas para el 15 de octubre, y de la celebración de las primarias del domingo pasado, de donde sale el anuncio de que gobierno y oposición se reunirían, nuevamente, en República Dominicana para emprender otro diálogo.
Por supuesto que, es muy temprano para determinar el origen, los auspiciadores y si la iniciativa provino del gobierno o de la oposición, aunque, si llama la atención que el anunció siguió a presiones muy fuertes contra Maduro de parte de la OEA, del gobierno de Estados Unidos y de la UE para que la dictadura se siente con la oposición a negociar una solución pacífica a la crisis mediante la restitución del hilo constitucional.
Sin embargo, no pensamos que eso es lo que quiere o pueda dar Maduro quien, de todas maneras, no estará cerrado a ceder espacio, cuotas o fracciones de poder, si ello le permite ganar tiempo y llegar hasta las presidenciales de finales del 2018.
Para ese tiempo, es posible que ya no esté Maduro en Miraflores, pero tampoco la oposición actual y de la cual podría decirse que, al igual que su adversario, el totalitarismo, cayó en una guerra de torpezas o autogoles.