“Se ha venido materializando el pago establecido en una III Convención Colectiva Única que, según nos hemos informado, ha sido recibida con beneplácito en Panamá, por ejemplo, donde sí la conocen, mientras que acá es imposible ubicarla por ningún medio. Supuestamente porque falta el último trámite legal: la homologación, entre comillas, que deben otorgar tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio del trabajo. El hecho es que no es del dominio público la fulana Convención, ni ningún trabajador que no sea de los afectos al gobierno o miembros de su partido la conocen. Estos fueron, por cierto, los únicos en participar en las discusiones, entre comillas también, de este instrumento”. Así lo dio a conocer el día de hoy el profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar.
Prosiguió el presidente de la APUSB: “así que lo primero a señalar es que la III CCU del sector universitario fue discutida de muy mala manera y de muy mala fe, contraviniendo todos los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en esta materia, especialmente la Guía de Políticas de la Negociación Colectiva de la OIT, donde se señala con toda claridad que el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva es un principio y un derecho fundamental en el trabajo. Pues bien, aquí en Venezuela ningún trabajador o su representante, miembro de otro sindicato que no fuera el que eligió el propio gobierno para representarlo, participó en la discusión; FAPUV, por ejemplo, quedó absolutamente fuera de ese diálogo indispensable, a pesar de ser el gremio que agrupa a la mayor cantidad de profesores universitarios en nuestro país. Por otra parte, ese mismo instrumento señala que el diálogo para las convenciones colectivas debe ser tripartito y en esa discusión, para llegar al producto final, no se convocó para nada a los representantes de las autoridades rectorales que son justamente los patronos de los universitarios, violando así, una vez más la autonomía universitaria, tradición especial de este régimen”.
“Ahora, el fraude con esta secreta Convención Colectiva Única es monumental por variadas razones, más allá de la exclusión política de los factores que han debido participar en el indispensable diálogo tripartito para su gestación: los alcances económicos son risibles y en nada van acordes con la inflación actual en Venezuela. Según el CENDA, la canasta básica alimentaria se ubicó en julio en Bs. 1.443.634,25, mientras el sueldo de un profesor universitario en su más alto rango, Titular a Dedicación Exclusiva, según los pretendidos altos alcances económicos ofertados en la III CCU, es de 717.591,87, menos de la mitad de esas necesidades básicas, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa el necesario combate universal que debe haber contra el hambre y cito textualmente al respecto: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Ni en eso de cumplir los Derechos humanos, ya lo sabemos, el régimen se atiene a los tratados internacionales que tienen rango constitucional o supraconstitucional, en nuestro país”.
Por su parte, el profesor Luis Buttó, Secretario General de la APUSB, manifestó: “tres ejemplos más servirán como ejes demostrativos de lo insatisfactorio de lo establecido en la IIICCU: primero, el seguro HCM se sitúa en dos millones de bolívares máximo, a través de una oficina especialmente creada en el Ministerio de Educación Universitaria, cuando todos conocemos lo elevado de los costos médicos en Venezuela, sumado a este problema la carencia de medicamentos y de profesionales en el área de salud, pues parte importante de ellos han abandonado el país dada la crítica situación socioeconómica. Segundo, la contribución para compra de útiles escolares fue establecida en 90.000 bolívares, un aporte mínimo y desconsiderado en relación con la inflación que, obviamente, afecta este rubro también. Tercero, la ayuda por matrimonio se pautó en 60.000 bolívares, lo cual no alcanza ni para comprar un ramo de flores de regalo”.
Igualmente, Buttó expresó: “ya que no se ha hecho público el texto de la IIICCU, hemos conocido, de manera extraoficial, que en este instrumento se aborda el tema académico al conminar a las universidades a buscar modos para incrementar su participación en la productividad del país, dicho así en términos genéricos y sin que nadie sepa en lo práctico-concreto cómo se materializa esto y como si las universidades no tuvieran bien en claro los productos que tienen como misión aportar a la nación: sus valiosos egresados, sus trabajos de investigación científicos y de extensión, que históricamente tanto han contribuido a incrementar los grados de desarrollo relativo nacionales. ¿Universidades fábricas es lo que se pretende? ¿Se ha valorado la opinión de los universitarios al respecto en función del respeto al principio de autonomía académica? ¿Se quieren modificar los pensa y programas de estudio en función de determinada orientación ideológica sin consultarnos en nuestra condición de profesores? Por otro lado, también de manera extraoficial, hemos recibido información de que se pretende fijar a siete horas el máximo de contratación de profesores a tiempo convencional, constituyendo esto una visible desmejora en dichos contratos y una ilegal regresión en los derechos laborales adquiridos de los académicos sujetos a este tipo de contratación. Todo lo expuesto es resultado de la desafortunada e inconveniente visión política con la cual se han manejado los asuntos laborales del sector universitario al negarse el oficialismo a discutir la Convención Colectiva con quienes debió ser discutida: los sindicatos y gremios involucrados que efectivamente ostentan la representatividad otorgada por sus afiliados y los representantes de las autoridades universitarias; es decir, los patronos de las instituciones de educación superior. El fraude está a la vista”.
Nota de Prensa