Amnistía Internacional (AI) consideró este martes que el caso de los 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, que este martes cumplió tres años sin aclararse, será la “mentira histórica” que marcará al Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, reseñó EFE.
“A tres años, seguimos buscando a nuestros desaparecidos entre los escombros de instituciones corruptas y el crimen del olvido, en donde la voluntad política real de las autoridades nunca se ha hecho presente”, apuntó la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, en un comunicado de la organización.
“La mentira histórica de este caso marcará el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), pero nosotros en solidaridad con sus padres y madres los seguiremos contando, los seguiremos buscando, luchando para que salga a la luz la verdad y se tenga acceso a la justicia”, añadió.
La organización pidió a Peña Nieto que “deje de apropiarse del discurso de la sociedad civil con fines de campaña y oportunismo mediático”.
“La historia no perdona, y nosotros tampoco. México es un país de víctimas, y el presidente debe dejar de tratar de ocultar los casos bajo la alfombra y enfrentar la realidad de un país en donde la corrupción y la falta de legalidad matan y desaparecen a las personas día a día”, apuntó.
AI señaló que México sigue de pie después de los duros golpes que los últimos fenómenos naturales le han propinado, pero que en esta fecha se abre de nuevo una de las más lacerantes y preocupantes heridas de la memoria colectiva: la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Sostuvo que fue un hecho terrible y crimen de derecho internacional que “hasta ahora no ha sido debidamente investigado y que sigue sin resolverse”, dejando en la incertidumbre el destino de los estudiantes pero, sobre todo, la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero.
En lo que han llamado la “verdad histórica” del caso, el Gobierno sostiene que los jóvenes fueron entregados por los agentes a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Luego de una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fuera incinerado en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, conclusión compartida por otros expertos.