El gobierno español se mostró este lunes decidido a impedir una eventual declaración unilateral de independencia en Cataluña, al día siguiente de un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia y marcado por la violencia policial.
La intensa movilización de las últimas semanas se mantendrá en las calles de Cataluña, con una huelga general convocada este martes en la región por 44 organizaciones, entre ellas los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Este lunes había dos protestas convocadas en el centro de Barcelona, una de ellas en la plaza Universidad, adonde se dirigían cientos de personas a gritos de “Las calles serán siempre nuestras”.
El presidente regional, Carles Puigdemont, se reunió mientras tanto con su gobierno, horas después de afirmar que los catalanes se han “ganado el derecho a tener un Estado independiente”, tras la consulta que la justicia española declaró ilegal y la policía trató de impedir.
Una afirmación a la que no tardó en contestar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
“Si alguien pretende declarar la independencia de una parte del territorio respecto de España, como no puede, como no está dentro de sus competencias, habrá que hacer todo lo que la ley permite para impedir que sea así”, declaró el ministro a Televisión Española.
El ministro respondía a una pregunta sobre el eventual uso del artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir la autonomía de una región si “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”.
Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reúne por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el del partido centrista Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria.
Hablarán del futuro político inmediato, aunque el diálogo del líder conservador con Barcelona se anuncie muy difícil, tras la lluvia de críticas que ha recibido por las imágenes de la policía cargando contra quienes querían votar en la consulta.
El propio Sánchez manifestó su “profundo desacuerdo con las cargas policiales”, mientras que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, una figura emergente de la política catalana, tachó a Rajoy de “cobarde” y pidió su dimisión.
En total, 893 personas tuvieron que recibir asistencia médica por esas cargas. En ellas, los agentes echaron mano de porras, patadas, empujones y pelotas de goma, y llegaron a golpear a bomberos y agentes de la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra.
– Los bancos catalanes caen en bolsa –
Según el ejecutivo catalán, el sí a un “Estado independiente en forma de república” se impuso con un 90%, es decir 2,02 millones de votos, y una tasa de participación del 42,3%.
La votación no tuvo ninguna de las garantías habituales, ya que el censo electoral no era transparente, no había junta supervisora y tampoco hubo cabinas para asegurar que el voto fuera secreto.
Sin embargo, Puigdemont indicó que enviará los resultados al Parlamento catalán, para que actúe conforme a la ley del referéndum, aprobada a comienzos de mes.
A tenor de sus afirmaciones, el ejecutivo catalán podría declarar de manera unilateral la independencia de una región fundamental para España, ya que representa el 16% de su población y el 19% de su PIB.
Pese a las críticas y pedidos de diálogo, en el extranjero ningún país defiende la independencia de Cataluña.
“Creo que la comunidad internacional no reconocería esa declaración unilateral de independencia, y desde luego estoy seguro de que la UE no lo hará”, abundó el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en declaraciones a la radio Cadena SER.
Este lunes, la Comisión Europea urgió sin embargo a Madrid y Barcelona a pasar “rápidamente de la confrontación al diálogo”, alegando que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”.
“Es altamente improbable que Cataluña se convierta en un Estado independiente en los próximos años”, si bien, ante las imágenes de violencia policial, “las fuerzas independentistas se han anotado una victoria táctica”, indicaba en una nota a los clientes Holger Schmieding, analista del banco Berenberg.
El analista incidió en que lo ocurrido el domingo podría complicarle el día a día al gobierno de Rajoy, minoritario en el Parlamento.
El ejecutivo conservador está tratando de sacar adelante el presupuesto de 2018, pero para ello necesitará a los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una formación que se ha mostrado muy crítica con la gestión que ha hecho Rajoy de la crisis catalana y que podría vender muy caro su apoyo.
Mientras tanto, en la bolsa de Madrid los ánimos estaban bajos, y hacia las 12H10 (09H10 GMT) el índice Ibex 35 caía un 1,33%.
Los bancos catalanes Caixabank y Banco Sabadell caían respectivamente un 3,63% y un 5,10%.
AFP
Fotos Reuters
