Todo sistema político tiene elementos comunes que permiten al analista comprender su dinámica interna, sus actores, y los distintos niveles en los cuales se compone, que facilitan la identificación en la realidad política de cada una de sus variables esenciales.
El debate en la literatura politológica ha hecho coincidir a los autores en la identificación de esquemas semejantes, para un manejo adecuado de las categorías, que deberían guiar la comprensión de todos los fenómenos políticos que ocurren en la cotidianidad. Así, el consenso plantea un primer nivel de análisis donde se puede ubicar a la comunidad política, como una dimensión fundamental que abarca a las interacciones de toda la vida en sociedad. Precisamente, es en este nivel donde tienen lugar los valores, y las ideologías, como formas de integración social que agrupan a los individuos, pero también donde se promueve la conformación de asociaciones que tienen la particularidad de canalizar las demandas, y las diversas necesidades sociales.
Un segundo nivel en la comprensión de todo sistema político plantea como categoría de análisis al régimen político. Esta segunda dimensión de la realidad comprende varios elementos internos: así, nos encontramos en un primer orden, con la dimensión normativa, compuesta por el ordenamiento jurídico que establece los parámetros y la distribución de la autoridad en la vida institucional; como también se encuentran las reglas del juego político, o elementos implícitos interpuestos en la cultura política del sistema, que consagran ideales que los distintos actores y miembros del sistema deben respetar.
Asimismo, en la esfera del régimen político tienen lugar las estructuras políticas encargadas de tomar las decisiones y ejecutarlas, como también las encargadas de administrar y aplicar la violencia. A este tenor, es necesario destacar también que la dimensión del régimen comprende los valores e ideologías que determinan el comportamiento socio-político, pero a diferencia de los elementos que tienen lugar en la sociedad propiamente, estos aquí son resultado de unas relaciones de poder.
En tercer lugar, la literatura especializada consagra un espacio a las autoridades como la dimensión de los actores encargados de asumir la responsabilidad del ejercicio del poder, resultado de una elección popular. En este marco, el esquema precedente nos permite facilitar una aproximación a lo que ocurre en el sistema político. Esencialmente, nos ayuda a comprender lo que pasa en Venezuela.
En efecto, desde la dimensión de la comunidad política venezolana se puede percibir que existe una intensa mayoría que presiona a un Gobierno sin pueblo, para que respete la ley y le permita recobrar su vitalidad democrática. No obstante, desde el régimen se ha venido manipulando el ordenamiento jurídico paradójicamente para tratar de quebrantar la propia institucionalidad.
Desde la comunidad política se han planteado diversos mecanismos de lucha para defender derechos y valores políticos, que en nuestra historia republicana son resultado de un proceso de modernización y de desarrollo socio-político; pero el Gobierno ha concentrado todos sus esfuerzos desde el nivel del régimen para implantar unos antivalores que buscan desmotivar y formar a individuos sobre la base del dogmatismo, o a través del chantaje y del clientelismo político, para asegurar la obediencia y su permanencia en el poder.
Justamente, es la ausencia de transparencia y la falta de respeto a la ley, promovida desde el nivel del régimen político, el factor determinante que está forzando la expansión de la corrupción y la desconfianza en las estructuras formales encargadas de asegurar la vitalidad de la forma de gobierno democrática en nuestro país. Una situación que ha venido siendo reforzada desde las autoridades, que constitucionalmente tienen la responsabilidad de modelar las conductas de los ciudadanos para el bienestar social; pero cuando los protagonistas resultan ser oportunistas, entonces influyen negativamente en la consolidación de una cultura política conveniente.
Ante este obscuro panorama la ciudadanía todavía cuenta con la capacidad de poder influenciar para bien la dinámica del sistema político desde las bases. Esto es, la comunidad política tiene unos valores que pueden ser posicionados para forzar el cambio a nivel de régimen que permita modificar a los titulares de la autoridad, los cuales hoy en día tienen el mayor rechazo de la sociedad.
Las elecciones son la máxima estrategia y el único camino para defender la democracia desde la comunidad política, como proyección fidedigna del nivel de descontento social contra el Gobierno de Nicolás Maduro y expresión de la fuerza de la sociedad civil. Sólo las elecciones pueden traer el cambio constitucional de las figuras de autoridad política, desde donde pueda promoverse una transformación profunda del modelo político implantado en nuestro sistema, que traiga la paz y la libertad ansiada. El desarrollo y la consolidación de una cultura política democrática auténtica, pasa necesariamente por acudir a los instrumentos constitucionalmente consagrados al resguardo de nuestras formas de gobierno, legalmente instituidas. Precisamente, el voto es uno de ellos. ¡Salgamos a votar y defendamos nuestra democracia!