Antes de lanzarse al vacío, Luiz Carlos Cancellier dejó una nota en su bolsillo: “Decretaron mi muerte cuando fui expulsado de la universidad”. El suicidio de ese rector profundizó el debate en Brasil sobre los métodos de un poder judicial y una prensa cada vez más implacables.
AFP
Todo empezó el pasado 14 de septiembre, cuando Cancellier fue detenido preventivamente acusado de obstruir las investigaciones de una supuesta trama de desvío de fondos en su universidad. Aunque quedó libre 24 horas después, fue separado de su cargo y se le prohibió entrar en el centro por orden judicial.
El rector de la Universidad Federal de Santa Catarina (sur), un académico de reconocida trayectoria de 59 años, aseguró que era inocente. Pero en este país acostumbrado a ver espectaculares detenciones de políticos y empresarios por el caso Lava Jato o a leer confesiones que involucran a figuras poderosas, las noticias parecían sugerir lo contrario.
Y Cancellier empezó un tratamiento psicológico.
“Tengo toda una vida construida en la UFSC, un evento como ese es muy traumático, una situación vejatoria. Quedas expuesto delante de una serie de personas en una humillación completa”, denunció el rector al Diario Catarinense.
Hace exactamente una semana, el rico estado de Santa Catarina quedaba conmocionado al saber que Cancellier se había lanzado desde un centro comercial de Florianópolis con ese mensaje en el bolsillo de su pantalón, difundido en redes por su hermano.
– “Abuso de poder” –
El fiscal del estado, Joao dos Passos, aseguró que el “daño psicológico” que sufrió Cancellier le llevó a quitarse la vida.
Y pidió que se investiguen “las responsabilidades civiles, criminales y administrativas de las autoridades policiales y judiciales implicadas”.
“Es inaceptable que personas de bien, con cargos de enorme repercusión social, tengan su honra destrozada por la actuación desmedida del aparato estatal. Es inadmisible continuar tolerando prácticas de un estado policial”, repudió la asociación de dirigentes universitarios Andifes.
El Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) siguió en la misma línea.
“Estamos asistiendo a la banalización de las prisiones preventivas en Brasil y a interrogatorios obligatorios abusivos, realizados casi siempre de forma espectacular y mediática”, dijo el consejo.
El líder izquierdista Lula da Silva se sumó a esta tesis y el domingo el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes también manifestó: “La muerte de Cancellier sirve de alerta sobre las consecuencias de un eventual abuso de poder por parte de las autoridades”.
Pero para el exjuez federal Luciano Godoy, la muerte del rector es un episodio “relativamente aislado”.
“Es muy difícil hacer este tipo de relaciones (entre la muerte y las acusaciones), pero es cierto que ser acusado hoy en Brasil es un castigo en sí”, dijo a la AFP Godoy.
– El peso de ‘Lava Jato’ –
Desde que la operación ‘Lava Jato’ arrancó en 2014, Brasil vive a ritmo de detenciones preventivas y procesos judiciales que ocupan portadas diarias y horas en vivo en televisión, muchas veces fruto de filtraciones.
La presunción de inocencia es, a ojos del público, cada vez más escasa.
Los fiscales y jueces de la Lava Jato en Curitiba (sur) impulsaron la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, un proceso sin precedentes que llegó hasta la cima del poder.
Pero algunas de sus herramientas han sido cuestionadas desde el propio poder judicial: detenciones preventivas, declaraciones premiadas a cambio de menores condenas y la falta de control de las filtraciones en casos bajo secreto de sumario.
Ícono de todos ellos, el juez Sergio Moro ha sido el principal defensor de esos métodos.
“Si las personas sienten que la corrupción es una cosa normal, la confianza en el sistema democrático se ve afectada. Por eso, es necesario enfrentarla de todas las formas”, ha dicho el juez para quien, sin las delaciones premiadas, “no habría sido posible descubrir los esquemas de corrupción en Brasil”.
Entre los intocables que fueron preventivamente a la cárcel están Marcelo Odebrecht, exministros de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff y también del conservador de Michel Temer.
Muchos acabaron colaborando con la justicia. Otros han sido liberados por orden del STF al considerar que no había riesgo real de fuga ni peligro de que pudieran interferir en la recolección de pruebas.
“La prisión preventiva es una medida muy extrema que se está aplicando de forma indefinida. Muchas de estas personas están siendo presas para que, en realidad, acaben delatando. En algunos casos, ya se está descubriendo que estas personas mintieron porque están desesperadas”, dice a la AFP Luis Henrique Machado, defensor de algunos de los acusados en la ‘Lava Jato’.
El exjuex Godoy no cree que los métodos usados sean “abusivos” pero reconoce: “Debería haber un cuidado mayor en la divulgación de informaciones para que la sociedad no considere culpable alguien que aún no fue juzgado”.