La Organización de los Estados Americanos (OEA) retoma este lunes y martes las audiencias sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y lo hace sin el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, que hasta ahora estaba al cargo de las sesiones.
Fuentes de la OEA confirmaron hoy a Efe la marcha del abogado argentino pero no explicaron los motivos del cambio, que llega después de que el 30 de septiembre se publicara una investigación periodística que siembra dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.
“La OEA desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA”, indica la convocatoria de prensa de las audiencias sin precisar más al respecto.
Moreno Ocampo trabajaba desde julio sin remuneración como asesor especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para crímenes de lesa humanidad y fue el encargado de entrevistar a los participantes de las dos audiencias de septiembre, dedicadas a la sociedad civil y a los militares.
A partir de mañana esa tarea la efectuarán los tres expertos independientes del panel que determinará si hay base para denunciar a Venezuela ante el tribunal de La Haya.
Se trata del exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.
“El 16 de octubre, el Panel Independiente de Expertos Internacionales asumirá sus responsabilidades y recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela”, explica la OEA en su nota.
La audiencia del lunes se celebrará a las 14.30 hora local (18.30 GMT) y la del martes a las 10.00 (14.00 GMT), ambas en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington y retrasmitidas por internet.
La OEA indica que “nuevas audiencias públicas podrían realizarse durante el mes de noviembre”, algo novedoso porque hasta ahora el plan era que el informe estuviera listo a finales de octubre.
El panel formado por los tres juristas independientes determinará si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la CPI.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.
“Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga hay que hacerlo”, explicó en una entrevista con Efe en septiembre Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).
Por el momento, ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.
En las dos audiencias celebradas en septiembre apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.
“Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15 delegaciones”, apuntaba entonces Moreno Ocampo, al tiempo que restaba importancia al hecho de que ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.
Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere “validar” una actividad que considera “ilegal”, según explicaron fuentes de esa legación a Efe.
Según el Estatuto de Roma, se considera “crimen de lesa humanidad” hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Cristina García Casado/EFE