Cuatro magistrados opositores venezolanos que estuvieron refugiados en la embajada de Chile en Caracas desde agosto y luego escaparon a Colombia, arribaron a Santiago este jueves en calidad de asilados políticos.
Recibidos por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, en el aeropuerto, los disidentes, tres mujeres y un hombre, pidieron protección a la legación diplomática chilena acusando una persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
Luego de casi dos meses acogidos en la representación diplomática chilena de Caracas, los opositores salieron de su país y llegaron a Bogotá donde tomaron contacto con las autoridades chilenas para anunciarles que se acogerían al asilo político en Chile.
“Chile, como dice su himno nacional, es asilo contra la opresión, y por eso los recibimos en la tradición del derecho internacional y de lo que Chile siempre ha hecho cuando quienes estiman que su seguridad está en peligro piden refugio en nuestro país”, declaró el canciller Muñoz tras recibir a los venezolanos.
Los jueces serán ubicados en un hotel de Santiago, recibirán la documentación necesaria para residir en el país y se les asistirá para que puedan solventarse económicamente ya que sus cuentas bancarias fueron congeladas en Venezuela, informó el canciller Muñoz.
“Nos obligaron a abandonar nuestra querida patria Venezuela pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad”, dijo Elenis Del Valle, quien arribó a la capital de Chile junto a sus colegas José Fernando Núñez, Zuleima del Valle y Beatriz Ruiz.
El juez Luis Marcano perdió el vuelo rumbo a la capital chilena, pero también tiene previsto llegar en las próximas horas en calidad de asilado.
Estos jueces forman parte de un grupo de 33 juristas nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Parlamento, de mayoría opositora. No obstante, Caracas desconoce las acciones del Parlamento, declarado en desacato por el TSJ, al que la oposición venezolana acusa de servir a Maduro.
Cerca de la mitad de estos magistrados abandonaron Venezuela y se encuentran en Colombia y Panamá, país, éste último, que también ha concedido asilo político a varios magistrados.
Algunos fueron detenidos en Venezuela y posteriormente renunciaron a sus cargos. Otros, se encuentran en la clandestinidad o refugiados en embajadas en Caracas o en otros países.
El dirigente opositor Roberto Enríquez, presidente del partido socialcristiano Copei, fue el primer venezolano en solicitar protección en la embajada chilena en abril y se mantiene en la legación en calidad de “huésped”.
– Arriesgada decisión –
Tras los casi dos meses de encierro en la legación chilena en Caracas temerosos por las represalias por el gobierno de Maduro por su disidencia, se cansaron de esperar el salvoconducto que la cancillería venezolana debía entregarles para abandonar el país, por lo cual decidieron escapar a Colombia la semana pasada.
“Nosotros tomamos una decisión bien importante y arriesgada porque estábamos corriendo riesgos con derechos fundamentales del hombre como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad”, afirmó la magistrada Del Valle.
Venezuela vive una grave situación política y económica. Más de un centenar de personas murieron en manifestaciones entre abril y julio y otros tantos opositores al gobierno de Maduro han sido detenidos.
Tras reducirse la tensión en las calles venezolanas, el fin de semana pasado se registraron elecciones de gobernadores en las que el oficialismo logró un triunfo mayoritario que fue puesto en duda por la oposición, mientras que la OEA y los 12 países de América que integran el llamado Grupo de Lima demandaron una auditoría “urgente” a los resultados de los comicios.
La jueza venezolana afirmó que junto a sus colegas aún abrazan la esperanza de poder volver a su país, pero hasta ese momento, aseveró que desde Chile –país miembro del grupo de Lima- seguirán “luchando hasta alcanzar la democracia la justicia y libertad de Venezuela”.
El grupo de Lima, que condena la ruptura del orden democrático en Venezuela, se reunirá nuevamente en Canadá en las próximas semanas para coordinar nuevas acciones que colaboren a resolver la crisis venezolana.
“Seguiremos con nuestro compromiso para que se restaure el orden democrático en Venezuela”, afirmó el canciller Muñoz. AFP