Grupos de manifestantes cortaron brevemente este viernes varias carreteras de Cataluña y una línea de tren en protesta por el encarcelamiento de varios miembros del gobierno independentista destituido. AFP
Universitarios por la República cortó la gran avenida de la Diagonal de Barcelona a la altura de la zona universitaria a las 12H00 locales (11H00 GMT), momento en que llamó a abandonar las aulas en protesta por el encarcelamiento. También cortaron una autopista en sus dos sentidos.
Además, una intersindical independentista, CSC, convocó una huelga general el 8 de noviembre, aunque el motivo oficial fue “el empobrecimiento de la clase trabajadora” y el decreto gubernamental que facilita el traslado de empresas fuera de Cataluña.
las empresas siguen trasladándose fuera de Cataluña en respuesta a la grave crisis política: 2.066 se fueron desde principios de octubre, según datos del Colegio de Registradores.
El Servicio Catalán de Tránsito, el organismo del gobierno catalán encargado del tráfico, anunció en su cuenta en la red social Twitter cortes en cuatro carreteras esta mañana poco antes de las 10H00 (09H00 GMT) y al cabo de media hora anunció que el bloqueo se había levantado.
Ferrocarriles de la Generalitat, el servicio ferroviario catalán, informó por su parte de la ocupación de las vías en la estación de Sant Cugat, cerca de Barcelona, lo que provocó retrasos. El servicio se normalizó dos horas después.
Finalmente, un grupo de manifestantes cortó una de las principales arterias de Barcelona a su entrada en la ciudad: “¡Ahora mismo estamos cortando la Gran Vía!”, anunció en su cuenta de Twitter Arran, una organización juvenil independentista, noticia ilustrada con la foto del corte protagonizado por varias decenas de personas, algunas con la bandera independentista catalana.
El encarcelamiento de nueve miembros del gobierno catalán depuesto el jueves por la noche dio pie al anuncio de una semana de manifestaciones que concluirá con una gran protesta el 12 de noviembre en Barcelona.
Los políticos son sospechosos de sedición y rebelión por el proceso que condujo a la proclamación de la independencia el 27 de octubre, en el parlamento, unos delitos que acarrean hasta 30 años de cárcel. Uno de los consejeros (ministros regionales) salió en libertad provisional bajo fianza, pero el resto permanecerá en la cárcel.
Este viernes, la juez Carmen Lamela podría dictar una orden europea de detención contra el presidente depuesto Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se fueron con él a Bélgica.