Estados Unidos condenó hoy como una “nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión” la “ley contra el odio” aprobada este miércoles en Venezuela, que prevé largas condenas de cárcel, cierre de medios e inhabilitación de partidos que promuevan delitos que se consideren motivados por odio.
EFE
“El estrangulamiento de la democracia por parte del régimen (del presidente venezolano, Nicolás) Maduro aumenta a diario”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una conferencia de prensa.
“Ayer, la ilegítima Asamblea Constituyente lanzó su nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión en Venezuela, incluida la libertad de prensa, con la aprobación de una nueva ley diseñada para suprimir las voces disidentes, que entró en vigor inmediatamente”, agregó.
Nauert subrayó que “mientras que el régimen de Maduro siga comportándose como una dictadura”, Estados Unidos seguirá usando su “poder económico y diplomático” para presionarle.
“Por eso hemos anunciado hoy sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos” que han cometido medidas “diseñadas para silenciar a la oposición”, añadió la portavoz.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó hoy a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres ministros del Gobierno de Maduro, por socavar la democracia y actividades de censura y corrupción.
Las sanciones están relacionadas con las “numerosas irregularidades” que, según Washington, caracterizaron las elecciones de gobernadores estatales del pasado 15 de octubre en Venezuela.
“Estados Unidos mantendrá sanciones a los funcionarios venezolanos designados hasta que rompan con el régimen dictatorial de Maduro y apoyen la restauración de la democracia y el orden constitucional”, subrayó Nauert.
“Seguiremos exigiendo que rindan cuentas aquellos que busquen destruir la democracia venezolana y robar al pueblo venezolano el futuro próspero que merecen”, añadió.
La ley refrendada este miércoles por la Constituyente oficialista en Venezuela prevé la posibilidad de castigar con hasta 20 años de cárcel los delitos de odio y entre 8 y 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan esos crímenes.
Además, permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo” y los demás “delitos de odio”.
Los dueños de los medios que no se avengan a poner en su programación o en sus páginas una serie de contenidos avalados por el Estado para estimular la “diversidad” se exponen a sanciones de hasta el 4 % de sus ingresos fiscales brutos del ejercicio anterior al período en que ocurran los hechos. EFE