El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, advirtió que la Ley contra el odio, “viene impregnada de venganza y resentimiento al establecerse como el marco de una condena previa”, al tiempo que, en su opinión, viene a limitar el artículo 68 de la Constitución que establece el derecho a manifestar de forma pacífica.
Nota de Prensa
El jurista calificó esta ley como un, “instrumento muy duro para la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo, los partidos políticos y para la ciudadanía que pretende derogar la Constitución de 1999” recordando además que la Constituyente, “pasó por encima del poder legítimo de la Asamblea Nacional electo en 2015, órgano que si tiene la facultad y potestad de legislar, controlar el Ejecutivo y elaborar leyes para el pueblo”.
Explicó que el contenido de esta ley busca crear un nuevo cerco principalmente a los medios de comunicación social, mediante una camisa de fuerza que impone al ejercicio del periodismo. “Lo más grave de esta ley es que no será el Ministerio Público quien califique el delito sino la Comisión nacional de telecomunicaciones, Conatel, organismo que sin tener la facultad, ha venido estableciendo sanciones como si fuese un fiscal”.
En cuanto a los partidos políticos, aseguró que también se verán limitados con esta nueva regulación, al asignarle la misma función de calificación del delito al Consejo Nacional Electoral, CNE en lo relacionado a sus discursos y el posible cuestionamiento a la gestión presidencial, de un gobernador o de un alcalde de turno. “¿Cómo y quiénes van a calificar el nivel de odio o descontento que se pueda transmitir en una frase o algún tipo de expresión?”.
Señaló que sobre la ciudadanía recaerá el peso de esta ley contra el odio de forma inclemente cuando éste salga a protestar su descontento ante la situación de escasez e inflación. “¿Quién se va a encargar de medir la rabia de un pueblo y de hacer justicia?”, se preguntó.
Le recordó a los miembros de la constituyente que la instancia a la que pertenecen, “solo está facultada para elaborar una nueva Carta magna así como también avanzar en todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, políticos, ambientales y de Derechos Humanos en beneficio de la ciudadanía”.
Exhortó tanto al Fiscal Tarek William Saab como al Tribunal Supremo de Justicia a que rectifiquen en su posición de aceptar la elaboración de leyes por parte de la ANC. “El TSJ debe averiguar si existe otra Carta Magna en el bolsillo del Estado venezolano porque en la de 1999 no hay ninguna norma que le dé competencia a la ANC para legislar”.