El diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Tony Geara, asegura que el chavismo utiliza las instituciones del Estado para interpretar y aplicar las normas según su conveniencia política.
Nota de prensa
“El chavismo interpreta y aplica las leyes según su conveniencia, una prueba de ello es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que desde un principio se desvió de su facultad inicial erigiéndose como un pseudo parlamento paralelo para favorecer a Nicolás Maduro y sus enchufados”, denuncia Tony Geara, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular.
Explica que el sentido de la ANC es la creación de una nueva Constitución, o incluso de nuevas leyes, que no deben ser sancionadas hasta tanto no sean aprobadas por el pueblo venezolano mediante un referéndum probatorio.
“El objetivo de la ANC no es garantizar la paz, ni nada de lo que nos ha querido vender el chavismo, el deber de quienes están ahí es redactar una nueva Carta Magna y someterla a la aprobación de los venezolanos, no la aplicación de artimañas legales para aferrarse al poder y someter a la disidencia”.
Geara advierte que de ser sometidas a consulta popular, ninguna de las leyes aprobadas por la ANC recibiría el visto bueno de los venezolanos, porque la institución es repudiada por la mayoría del país y sus acciones no generan confianza entre el pueblo.
Hundiéndose más
Geara señala que este tipo de acciones, y la aprobación de leyes redactadas para que sean nuevos instrumentos represivos de la opinión pública que manchan aún más la ya muy maltrecha imagen de la ANC.
“Además de cargar con el lastre de la ilegalidad con la que nació, y de surgir de un proceso electoral fraudulento, la ANC se hunde a sí misma con acciones que están fuera de cualquier lógica jurídica y ciudadana”.
Adelanta que tarde o temprano la balanza cambiará de lugar, y todas estas acciones ilegales aprobadas por una ANC que no cuenta con el respaldo y el reconocimiento del pueblo, serán abolidas y declaradas nulas.
También advierte a quienes son corresponsables por las imposiciones que se hacen desde esta institución, porque “deberán pagar por su complicidad en todos estos hechos”.