Kerling de Sánchez, esposa del preso político Ruperto Sanchez denunció este jueves las violaciones a los Derechos Humanos de las que ha sido objeto su esposo e hijos desde su sentencia, durante la evaluación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Whashinton.
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La esposa del preso político reiteró que éste no tiene sentencia firme, y que aún se encuentran esperando una serie de respuestas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Calificó como actos desmorales, el cambio de lugar de reclusión por parte del juez de la sentencia para la cárcel de La Pica, estado Anzoátegui, así como las humillaciones que ha tenido que pasar junto a sus hijos para las visitas carcelarias.
“Tenemos miedo que las humillaciones para el régimen de Maduro no sólo el peso de la ley a un inocente sea suficiente, y también sea necesario que familiares pasen por tratos vejatorios a la dignidad humana”, expresó.
En su testimonio, Sánchez contó que, por un acceso dental, y de diferentes dolencias de salud, su esposo ha sido diagnosticado hace dos semanas con cáncer linfático.
Sánchez explicó que a su esposo se le acusó de instigación a la rebelión militar, de golpista y traidor por supuestamente querer bombear el Palacio de Miraflores y otras instituciones del Estado “con dos aviones tucanos”. Fue sentenciado junto a nueve personas más y se les acusó de haber sido financiados por el gobierno de Estados Unidos.
La esposa de del teniente coronel detalló que el dirigente del PSUV Diosdado Cabello responsabilizó a su esposo de esta operación que el gobierno la llamó “Jericó” y a otras dos personas más que eran un cajero de banco y un taxista. Agregó que “luego de detener a mi esposo Maduro lo tildó de traidor e incitador del odio”.
“La causa de mi esposo no tiene sentencia firme. Los abogados están haciendo una apelación ante la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y estamos esperando su respuesta”, detalló.
Según Kerling Sánchez, el gobierno pagó a testigos para que dijeran que los militares involucrados en la Operación Jericó se habrían reunido dos veces de manera conspirativa “para bombardear con unos aviones tucanos el palacio de Miraflores. Sin embargo, en el juicio la misma fiscalía llevó a expertos para que dijeran si era posible que unos militares pudieran agarrar la artillería que estaba en otro lugar diferente a donde estaban los aviones, cargar los aviones y sacar los aviones de una base militar sin autorización para cometer estos delitos. Esto era imposible”, explicó.
En este sentido detalló que se realizó un juicio express en el que fueron promovidos 96 testigos por la fiscalía, pero a los militares no les permitieron llevar a ningún testigo durante el juicio. “Que en este momento haya oficiales presos es para mandar un aviso a toda la oficialidad que se encuentran dentro de las bases para que se vean reflejados si alguien se opone al gobierno”, denunció Sánchez.
Asimismo, contó que desde los más de tres años que tiene su esposo en prisión, sus hijos han sido sometidos a traumas psicológicos. “Para que mi hija pueda ver a su papá tengo que levantarle la camisa y bajarle el pantalón frente a un custodio” contó.
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