El ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón espera que los países de la OEA actúen si el panel de expertos, al que pertenece, decide que hay base para denunciar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.
“Esperemos que haya Estados que, en caso de que se decida que hay delitos graves de lesa humanidad, se comprometan con este tema y, si no, que sea la Secretaría General (de la OEA, dirigida por Luis Almagro) quien haga la denuncia, pero que se abra una investigación en la CPI”, dijo en una entrevista con Efe en Washington.
El abogado argentino es uno de los tres expertos que han moderado las audiencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela y elaborarán en el próximo “mes o mes y medio” un informe con su opinión sobre si hay fundamento para llevar a las autoridades chavistas ante el tribunal con sede en La Haya (Holanda) por crímenes contra la humanidad.
“Es importante, en caso de que existan este tipo de delitos, que no continúen en la impunidad, nosotros lo hemos visto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad por violaciones de derechos humanos en América Latina es enorme”, señaló.
“Las audiencias de Venezuela en la OEA son un mecanismo más para poner fin a esa impunidad y esperemos que los Estados se lo tomen en serio”, afirmó, después de que este jueves concluyera la tercera y última ronda de sesiones en el organismo regional.
Ninguno de los países miembros ha expresado voluntad de denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI y la acogida que han dado a la iniciativa es, cuando menos, fría.
Estas audiencias, un proceso insólito en la OEA, son una idea del secretario general, Luis Almagro, una de las voces internacionales más críticas con Maduro y quien, de no hacerlo ningún Estado, podría llevar este caso ante La Haya.
En las sesiones, celebradas una vez al mes desde septiembre, la ausencia de embajadores de la OEA ha sido casi total: solo los de Costa Rica, Panamá y Canadá se han dejado ver en alguna, y ninguno ha tomado nunca la palabra para hacer preguntas a las víctimas y testigos.
“No me sorprende, los Estados de la OEA siempre han preferido mirar al costado en general, pero creo que en esta oportunidad hay un cambio de paradigma. Almagro ha decidido que, independientemente de la opinión de algunos Estados, a los que informa e invita, la Secretaría General puede tener una opinión propia en las materias fundamentales de derechos humanos y democracia”, indicó Cantón.
“Almagro ha decidido que es importante que haya una voz de la OEA y la Secretaría General está llevando adelante esa voz. Esto es un cambio de paradigma que eleva la vara de lo que deben hacer los secretarios generales a partir de este momento”, subrayó.
Preguntado por qué diría a los Estados, no sólo Venezuela, que cuestionan que la OEA acoja estas sesiones sin precedentes, el abogado llama a pensar en las víctimas.
“Que piensen en las víctimas, me hubiese gustado que estén acá escuchando el clamor de esas madres y padres, que se enfrentan a una pared todos los días en Venezuela, que no les dan respuesta. La OEA tiene la obligación de encontrar respuestas a las personas de América y es la encargada de velar por la democracia y los derechos humanos en la región”, sostuvo.
“Me pregunto, ¿los Estados quieren que la OEA sea una institución que, ante graves violaciones de derechos humanos mira para otro lado? No, yo creo que no, que los Estados democráticos que surgieron a partir de la década de los ochenta queremos que haya una OEA que realmente mire estas cosas y tenga dientes para resolverlas”, añadió.
Cantón, que conoce muy bien los entresijos de la OEA tras sus más de diez años en la CIDH y sus treinta en Washington, considera que en las cancillerías de los países miembros “se ve más positivamente” de lo que expresan sus embajadores en Washington.
“Muchos Estados no hablan, pero sí quieren que lo que se hace se siga haciendo”, aseguró.
A la pregunta de si su trabajo en las audiencias supone una vuelta a la OEA, Cantón sonríe y deja claro que no, que seguirá en su puesto de secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Cristina García Casado/EFE