Este año 2017 ocupará un lugar especial en nuestros libros de historia. Las futuras generaciones reflexionarán en torno a los desmanes de una época que estremeció completamente la forma de vida de millones de venezolanos, como resultado de la pésima gestión de un Gobierno enceguecido por el poder, que continua en su afán de estrangular los pocos vestigios de democracia que nos quedan.
El mundo ha sido testigo de la gravedad de nuestra crisis. A pesar de que el discurso oficialista vocea ante la comunidad internacional de dar lecciones de moralidad y de institucionalidad democrática, confundiendo intencionalmente la idea de democracia y respeto al Estado de Derecho, con la mera convocatoria a elecciones, para proyectar una imagen de falsa estabilidad y armonía en el sistema político; todos sabemos que la noción de democracia implica elecciones, pero que haya elecciones no necesariamente demuestra la existencia de democracia. Y menos, si no se respetan las condiciones mínimas, de un entorno de competencia, donde todos los actores políticos presentes en la contienda electoral tengan el derecho a participar, y a gozar de las mismas oportunidades para resultar electos.
Pero los hechos hablan por sí solos. Este Gobierno infringió la institucionalidad democrática durante todo este año, implantando un sistema electoral amañado, de competencia, pero sin competitividad, donde las normas sólo representaron simples fachadas, para ocultar sus verdaderos rasgos autoritarios. El uso inescrupuloso del poder judicial a conveniencia, para forjar interpretaciones contrarias al orden constitucional y a nuestros ideales republicanos; la manipulación del poder electoral para revestir de legitimidad sus aviesos planes; la utilización indiscriminada de la Fuerza Armada Nacional, para reprimir y asegurar su propio bienestar; en conjunto con el uso inapropiado de los recursos del Estado, para promover sus campañas políticas; todo ello confirma que la cancha siempre se mantuvo inclinada, y nunca estuvo de lado de los ciudadanos.
Ahora sólo nos toca reflexionar sobre aquello que nos depara el 2018. Sin lugar a dudas, la estrategia deberá estar dirigida a plantear los pasos exactos para enfrentar a una autocracia competitiva, que cuenta con un bagaje de mecanismos para forzar su propia estabilidad. De ahí que sea un año decisivo, de grandes retos y desafíos, donde verdaderamente se definirá el rumbo de nuestra República. Será nuestra única oportunidad para enfrentar a un régimen que está dispuesto a ir contra todo, y a quedarse con todo.
En este año el Gobierno hará uso de su tecnopolítica para dar la batalla definitiva. Como en otras ocasiones, el régimen activará sus dispositivos para generar un clima que le permita lograr sus objetivos políticos esenciales: esto es, utilizará las condiciones deplorables del entorno económico para reforzar los lazos de dependencia entre los sectores menos favorecidos y el poder, sobre la base de un modelo de relaciones clientelistas, como forma más segura para garantizar el control y el apoyo político de la sociedad. Esto incluye la posibilidad de hacer que el carnet de la patria sirva, finalmente, para implantar una sensación de vigilancia política en todos los órdenes que componen la realidad social.
Pero del lado del pueblo venezolano, varias alternativas todavía se dibujan. Sólo basta observar con más atención el panorama. Nadie puede negar el nivel de descontento que existe en la sociedad civil. Precisamente, la plataforma mediática del Gobierno ha utilizado esto para desmotivar y generar desinterés colectivo. Pero, sin embargo, persiste la alternativa de que el cambio político brote de un movimiento civil espontáneo, que permita congregar el deseo ferviente de millones de ciudadanos, que tienen puestas sus esperanzas en una renovación general del sistema.
De nuestro lado tenemos la voluntad popular y el espíritu de la independencia. Más allá de la estrategia chavista, existe un capital ciudadano que es cada vez más consciente de sus libertades y sus deberes con la República. Ciertamente, Nicolás Maduro tiene una convicción increíble. Aspira a la reelección sabiendo que todo un país desdeña dicha pretensión, incluso dispuesto a enfrentarse directamente con ese pueblo que en el 2015 optó por una mejor alternativa. Pero no es consciente de los peligros que se ubican detrás de esa multitud, ansiosa por ver como son rotas las cadenas que los oprimen.
Definitivamente, lo que pasará en el 2018 estará sujeto a las acciones, u omisiones, de los sectores democráticos en el país. La estrategia deberá incluir la renovación de la Unidad para recobrar la confianza y la fortaleza institucional. Sólo en el marco de un discurso coherente, y sobre la base de un plan de acción conjunto, para obligar a este régimen a garantizar las condiciones que contempla la Constitución para el ejercicio de la participación política, podremos ver materializado el cambio político y la restauración de la democracia venezolana. Esto significa, entonces, que el éxito (o el fracaso) en el 2018 dependerá no sólo de saber discernir el sentido de la oportunidad, sino que, además, deberá estar acompañado de la capacidad de los sectores democráticos para defender nuestros derechos políticos, en conjunto con la habilidad para organizar y canalizar las fuerzas sociales, en un entorno de profunda complejidad.