El proceso de destitución exprés iniciado por el Congreso de Perú al presidente Pedro Pablo Kuczynski genera un profundo debate sobre su procedimiento, pues el mandatario puede ser inhabilitado sin casi opción para defenderse, bajo una abstracta figura de “incapacidad moral”, abierta a múltiples interpretaciones.
EFE
La oposición, en especial el fujimorismo, que domina el Congreso con mayoría absoluta, parece decidido prescindir de la presunción de inocencia y a tomar la excepcional medida de inhabilitar al mandatario por supuestamente ocultar unos contratos de la brasileña Odebrecht con una empresa suya, que esta semana salieron a la luz.
Desde la difusión de los documentos, consistentes en consultorías de Westfield Capital para Odebrecht por unos 782.000 dólares entre 2004 y 2007, cuando Kuczynski era ministro en el Gobierno peruano, hasta la eventual destitución del presidente, pueden haber pasado apenas ocho días.
Se daría el caso de que el Congreso inhabilite al presidente el jueves 21, un día antes de la citación que le hizo la Fiscalía para que dé sus explicaciones en esta investigación.
De acuerdo con lo previsto, es probable que Kuczynski apenas disponga de una hora frente al pleno del Parlamento para intentar persuadir a sus miembros de que le permitan continuar en el cargo.
Pero todo indica que sus palabras no servirán de mucho, porque su destitución necesita un mínimo de 86 votos a favor de los 130 congresistas y la moción que planteó la medida extraordinaria fue admitida el viernes con el apoyo de 93 legisladores.
La posición de los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, que ocupa 71 escaños, parece inamovible, pues su portavoz Héctor Becerril ya anunció que tienen la decisión tomada, dando a entender que el descargo de Kuczynski será un mero trámite.
Los fujimoristas, que en año y medio de mandato ya han censurado a dos ministros y obligado a renunciar a otros dos, apuntan ahora al presidente, al que de inmediato amenazaron con destituir si no renunciaba tras conocerse sus presuntos vínculos con Odebrecht.
Para cumplir ese objetivo han contado con el respaldo del izquierdista Frente Amplio, que incluso fue el que presentó la moción de destitución, que fue apoyada además por parlamentarios de otras bancadas como el Partido Aprista Peruano (PAP).
El acelerado procedimiento ha levantado la atención y las suspicacias de juristas como la directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Elizabeth Salmón, quien aseguró a Efe que no se está respetando el debido proceso ni la presunción de inocencia.
La abogada recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya precisó que el debido proceso no es obligatorio solo para juicios, sino que es transversal a cualquier norma sancionadora.
Salmón consideró que hay prisa, arrebato y poco criterio en este proceso parlamentario, donde “parece que no hay normas, todo es político y el fin justifica los medios”.
Según la especialista, la celeridad del procedimiento no solo es peligrosa en términos políticos, porque genera zozobra e incertidumbre, sino también es inadecuada en términos jurídicos.
Sobre la figura de la “incapacidad moral permanente”, Salmón comentó que es muy abstracta y maleable, además de tratarse de una medida excepcional que no debería aplicarse en este caso hasta agotar todas las instancias de investigación.
Se trata de un supuesto para inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurran en delitos, como cuando el expresidente Alberto Fujimori envió su renuncia al cargo por fax desde Japón en el año 2000.
Los contratos entre la empresa de Kuczynski y Odebrecht fueron difundidos por la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, y ese documento se ha establecido como la principal prueba contra el presidente sin que ni siquiera el grupo parlamentario termine su investigación.
Tanto Kuczynski como Odebrecht sostienen que los contratos son legales y fueron gestionados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, que administraba Westfield Capital mientras el actual mandatario era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).