Este cinco de enero la Asamblea Nacional, único poder público dentro de nuestro país con legitimidad, eligió su Junta directiva para regir los destinos de la institución hasta inicios de 2019. Dentro del acuerdo de la alternativa democrática le correspondió a Omar Barboza la Presidencia. Barboza expresidente de UNT, es una figura política de bajo perfil mediático pero de mucha eficiencia en su amplio desempeño como dirigente nacional.
En su discurso, al asumir tan importante cargo anunció que la Asamblea continuará con la aprobación de las leyes necesarias, para dar a nuestra nación la base fundamental para garantizar el bienestar social de la población, la recuperación de la actividad económica y la reinstitucionalización de los poderes públicos. Para evitar el bloqueo que ha ejercido el TSJ de casi la totalidad de las leyes aprobadas por la asamblea, señaló que las leyes serán aprobadas hasta su segunda discusión y no serán enviadas al gobierno. Con estos instrumentos legales se creará un banco de leyes, las cuales serán promulgadas por el nuevo gobierno democrático.
El Tribunal Supremo de Justicia, como parte integrante del régimen, ha aprobado más de cuarenta decisiones contra la legítima representación ciudadana, consagrada en la Asamblea Nacional. Estas decisiones, todas inconstitucionales, afectan beneficios sociales, económicos, políticos y violan los derechos humanos de nuestra población.
Ejemplo de ello, es la decisión que tomó en contra de la ley que otorga la propiedad a los ocupantes de viviendas construidas por el gobierno. Así mismo ocurrió con la ley que consagraba el beneficio del bono de alimentación a los pensionados. El TSJ dejó en manos de los funcionarios del gobierno si se lo daba o no, privándolos de esta forma de este legítimo derecho constitucional.
En función de garantizar la autonomía del BCV y el ejercicio del control parlamentario sobre esta importante institución, la asamblea aprobó la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. Mediante esta ley se hubiese impedido la emisión de dinero inorgánico, evitando el desmedido flujo de bolívares, lo cual es una de las consecuencias de la hiperinflación que padece nuestra población. Esta fue otra de las leyes que declaró inconstitucional el TSJ.
La Asamblea Nacional, en la búsqueda de la paz y la reconciliación de nuestro país, aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con el fin de dar libertad a los presos políticos y velar por el respeto de los derechos humanos de la disidencia. Igualmente, aprobó la Ley Especial Para Atender la Crisis Nacional de Salud, ésta con la finalidad de evitar el sufrimiento de millones de ciudadanos por falta de medicinas y de asistencia médica y sanitaria. Ambas leyes, fueron declaradas inconstitucionales por el TSJ.
La iniciativa de la AN de no ceder al acoso del régimen y seguir aprobando las leyes necesarias para la recuperación de nuestro país, es un acto de responsabilidad en el cumplimiento de una de su razón de ser: Legislar.
Nuestro país se encuentra sumido en un caos institucional, donde no existe la autonomía del resto de los poderes públicos, los cuales están sometidos al régimen. La sociedad está anarquizada ante el azote del hambre, la inexistencia de un sistema de salud pública, la inseguridad ciudadana y el abandono de los servicios públicos. La Nación requiere del acompañamiento del poder legislativo en su justo reclamo de poder vivir en una sociedad civilizada, donde su principal preocupación no sea conseguir los alimentos, las medicinas la asistencia médica, cuidarse de los malandros y “ligar” que funcionen los servicios públicos. En este sentido, la AN seguirá denunciando ante la comunidad internacional la emergencia humanitaria que sufre nuestra Nación.
La conformación de un banco de leyes, será la base legal del nuevo gobierno democrático y la garantía de que existirá seguridad jurídica para el acuerdo social que beneficiará a toda nuestra población, sin ningún tipo de exclusión por razones de índole político. Igualmente, restituir la autonomía del BCV y garantizar la seguridad jurídica al sector productivo privado, va a generar capacidad de empleos, más producción y mayor propensión para la inversión. La existencia del paquete de leyes que contengan la normativa para la necesaria reforma del Estado, será la base del entendimiento para un acuerdo político que nos garantice la gobernabilidad.
Pero depende de todos nosotros que el banco de leyes no se convierta en letra muerta. La promulgación y la implementación de estas leyes sólo se materializarán si logramos la transición de este régimen a un gobierno democrático.
Posiblemente tengamos que acudir a las elecciones presidenciales con este mismo CNE. Recordemos que con este CNE ganamos las parlamentarias de 2015. ¿Cómo ganamos el 2015 y ganaremos las presidenciales? Con la unidad de todos los factores políticos y de la sociedad civil, con la escogencia de un candidato único que nos represente a todos, con la asistencia masiva a votar, con la vigilancia y la defensa del voto. Aquí es importante señalar que el régimen, aún con el fraude continuado y el chantaje a la población, no ha logrado superar el 25% de votantes.
El Régimen ha descubierto que su estrategia para derrotarnos es crear las condiciones para generar la división de los que le hacemos oposición. Divide y reinarás. La abstención en las presidenciales no va deslegitimar al régimen, lo va a entronizar por seis años más.
@fernandocaminop