Tres días después de conocerse “La Masacre de El Junquito” la MUD suspendió una reunión que tenía pautada el jueves en República Dominicana con “negociadores” del régimen de Maduro en el marco del diálogo y la UE anunció que siete altos funcionarios de la administración madurista habían sido objeto de sanciones “por violaciones de los derechos humanos” que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar por el territorio comunitario.
Reacciones que representan en el corto plazo un alto costo político, altísimo, para un establecimiento que, desde comienzos del 2014, venía acumulando puntos para ganarse un sitial privilegiado en el club de los “Estados Forajidos”, pero sin traspasar la “ delgada línea roja”, más allá de la cual es imposible que, en cuestión de meses, o quizá un año, el madurismo no se encuentre con su expulsión de la OEA y sanciones económicas de la ONU.
Y es que asesinatos, muchos asesinatos políticos siempre hubo en los casi cinco años del madurato, pero en el marco de confrontaciones de calle, de choques y contiendas en los cuales los partidarios del régimen alegaron que, sus agentes actuaron en defensa propia, o que no eran ellos, sino provocadores de oficio que se infiltraban de parte y parte y actuaban sin responsabilidad de los cuerpos policiales.
Lo de “La Masacre de El Junquito”, sin embargo, fue otra cosa, puso de manifiesto la naturaleza forajida y totalitaria del régimen, pues una simple operación policial que no debió pasar de la captura y enjuiciamiento de 10 opositores que se habían alzado en armas, -pero sin violentar los derechos humanos de nadie-, fueron masacrados mientras prometían rendirse y entregar sus armas, puede decirse que inermes y pidiendo que se les respetara sus vidas.
Pero, tanto como la violencia de los hechos en sí y de la saña con que se perpetraron, debe destacarse que se ejecutaron on line y vía las redes sociales, como para que no quedara dudas de quienes aplicaban ajusticiamientos fuera de ley en Venezuela, sumarios y criminales y a lo que se exponía quienes, como Oscar Pérez y los siete partidarios que lo acompañan, si se atrevían a desafiar la arrogante dictadura que ya había soltado amarras y se disponía a navegar a toda vela.
Estaban para proclamarlo también on line y vía redes sociales, los civiles altos funcionarios de régimen y del PSUV, los señores Diosdado Cabello y Freddy Bernal que, hora y media después de iniciado el ataque, informaron que “el terrorista” opositor, Oscar Pérez y seis de sus compañeros, habían sido dados de baja y que tres “gloriosos” militantes de la revolución habían caído “defendiendo la patria”
Pero no fueron solo Cabello y Bernal los que se responsabilizaron de la masacre, sino que, en la tarde del lunes 15, el propio presidente Maduro, en un acto para nombrar el nuevo Comandante de la GNB, felicitó a las gloriosas FAN que, sin mediar miedos ni dudas, habían liquidado a un grupo de enemigos de la Revolución.
En otras palabras que, ahora sí y por primera vez desde que Maduro había tomado las riendas del gobierno y de la represión, admitía y se vanagloriaba de la comisión de un hecho punible en el cual, se habían violado derechos garantizados por la Constitución, y por lo menos en siete estatutos de defensa de los derechos humanos firmados por la mayoría de los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
Y que no podían generar en lo inmediato, sino las reacciones de la oposición democrática y de la UE, que no dudaron en “tomar medidas” contra un gobierno que, de mutuo propio, se había sentado en el banquillo de los acusados.
Pero eso en el corto plazo, porque en el mediano y largo -y como resultado de la evidencias inculpatorias contra el régimen que emanaron de “La Masacre…”- se acelerarán los procesos que cursan en el Tribunal Penal Internacional de La Haya contra Maduro y sus principales lugartenientes por “Violaciones de los Derechos Humanos” y “Crímenes de Lesa Humanidad” y que, no más allá de un año, podrían producir sentencias condenatorias contra los enjuiciados.
En otras palabras que, días oscuros, de aislamiento y confrontación con enemigos de dentro de fuera esperan al exlíder autobusero, el cual –para sobrevivir- tendría que contar con recursos que no tiene y aliados cada vez menos confiables, si quiere cumplir su promesa de mantenerse más allá del 2018 en el poder.
Fuerzas que, por ahora, se perciben en el universo opositor tradicional, el que, globalmente, puede etiquetarse como “democrático”, pero que, en los próximos meses, se harán más visibles en “lo interno” del chavismo, en el seno de la maquinaria gubernamental y de las filas del partido oficial, el PSUV y, que ya cuentan con un líder como el exministro de Minas, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.
Pero antes de Ramírez, y con una persistencia que merece subrayarse y encomiarse, ya existía en las filas gubernamentales y partidistas una ruptura que, primero, encarnaron civiles como Jorge Giordani, Héctor Navarro y la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, y después, los generales, Miguel Rodríguez Torres, Clíver Alcalá Cordones y Montilla Pantoja, que salvo la excepción de la señora Ortega Díaz, vienen actuando dentro del país y en un tono de cada vez más diferenciación y de confrontación con el madurismo.
No se conoce aún si esta primera hornada de oposición abierta de civiles y militares chavistas contra Maduro mantiene vínculos, relaciones o conversaciones con la segunda, la que encabeza Ramírez, pero lo que si es cierto es que, a raíz de la formación de una y otra, la deconstrucción de la revolución se ha acelerado al extremo de que, ya se habla de la Venezuela madurista como de un “Estado Fallido”.
Prueba inquietante e irrefutable de ello, es el deterioro creciente y alarmante de la industria petrolera, y en especial de las instalaciones, equipos y operaciones de PDVSA, la cual, ha sufrido una caída sin precedentes en su producción (menos de 2.000.000 b/d), y cuyos síntomas más notables son el abandono de pozos por parte de trabajadores y técnicos, los incendios que con frecuencia inusual se ve en refinerías y oleoductos, y la deserción en la nómina de obreros, empleados y gerentes porque simplemente, y debido a la hiperinflación, los sueldos no les alcanzan para comer.
Y de toda esta bancarrota que puede atribuirse razonablemente a las ineficiencias del estatismo y el socialismo, Maduro anda diciendo que deben atribuirse al boicot y saboteo de sus enemigos, pero no de los de los partidos democráticos agrupados en la MUD, sino al de sus cofrades con los cuales hizo hasta hace poco militancia en la burocracia y el PSUV y que han pasado a ser los principales enemigos del proceso y de la revolución.
Pero sea que Maduro tenga o no razón, lo más importante a destacar en el contexto, es la inevitabilidad de que las oposiciones, la tradicional representada en la MUD y la de los chavistas disidentes, se encuentren en la calle o en las urnas, aliadas para derrotar a la dictadura, que debe desaparecer para dar origen a otro rumbo histórico, a otra Venezuela.
Cuáles serán las vías, las modalidades y el modus operandi de una alianza tan contranatural, no nos atrevemos a predecirlo desde aquí, si bien debemos anotar que, ya con la gente de Giordani, Luisa Ortega y Rodríguez Torres se han dado acercamientos, pero que con las huestes de Ramírez, a pesar de las urgencias, se ven prematuros.
Pero no al extremo de que los consideremos imposibles sino, de un ensamble tan difícil, que llevará tiempo lograrlo.
Por ahora lo que estamos viendo es un nuevo reagrupamiento de la oposición democrática a raíz de “La Masacre de El Junquito”, uno que llega con toda la fuerza y capacidad para unir la calle y las urnas, la Resistencia y la MUD, al conjunto de las oposiciones en fin, incluida la chavista antimadurista y decididas a irrumpir para que, en cuestión de meses, una pandilla que ha usurpado a la decencia en todas sus formas, salga del poder en Venezuela.
Sería el principal homenaje que se podría rendir a Oscar Pérez y a todos los héroes de “La Masacre de El Junquito”, como a unos nuevos libertadores que no dudaron en dar la vida para traernos la libertad.