Lapatilla
La tentación es la de creernos en un parlamento normal, aceptado y respetado por un cabal desempeño institucional, frente a la otra de suponerlo una mera trinchera de ocasión, sucursal de los partidos que lo dominan. Es necesario reconocerlo, la confusión deriva del propio incumplimiento del mandato del 6 de diciembre de 2015 y, el más reciente y vigente, el del 16 de julio de 2017.
Inédita experiencia la nuestra, la corporación es la única instancia sobreviviente de la que dispone la ciudadanía para legitimar sus mejores esfuerzos ante una dictadura macabra e implacable. Por ello, su más elemental deber, a pesar de las dificultades, es el de reivindicar sus competencias y fueros constitucionales.
La propuesta de un programa legislativo, por ejemplo, no significa desconocer las condiciones imperantes y por siempre orientadas a frustrarlo, pues, algo muy distinto es intentar una reforma legal relacionada estratégicamente con el ámbito económico, penal o militar, a la de pretender la serena discusión de un instrumento que reconozca la colegiación de los internacionalistas o la compensación doméstica por las fallas de la industria eléctrica. E, incluso, predipuesto Miraflores a no promulgar jamás un texto diferente a los emanados de la tal constituyente, convengamos en la importancia de una discusión y sanción legislativa que, por una parte, movilice a la ciudadanía y actualice el consenso ante los más variados problemas, echando – desde ya – las bases para un ordenamiento jurídico alternativo; y, por otra, encare lo urgente y lo importante, como la defensa de la autonomía universitaria y de la universidad misma en Venezuela.
Significa que, al aportar al esfuerzo nacional de la civilidad contra la barbarie que asombrosamente se ha adueñado de la centuria, debemos partir de nuestras fundamentales responsabilidades parlamentarias, generando – por lo demás – los actos correspondientes para reforzar el compromiso de calle con la ciudadanía. Mal podemos quejarnos del irrespeto a nuestras inmunidades constitucionales, si no procuramos la tipificación del debido delito, por más que físicamente luchemos por demandarlo a la hora de enfrentar a los cuerpos represivos del Estado.
El venidero 24 de los corrientes, se cumplen 170 años de los lamentables sucesos del Congreso y mal podemos contentarnos con imitar a aquél parlamento que, asaltado con un número lamentable de muertos, en nombre de su supervivencia, se hizo dócil y complaciente con Monagas. Ojalá haya interés por redescubrir lo acontecido en un siglo XIX que paradójicamente lo vivimos hoy, marcando un retroceso que nos sumerge en la perplejidad.