En fecha reciente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha ratificado y defendido la decisión adoptada por su Secretario General para remitir la reclamación del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situación que había advertido con antelación la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio en la Asamblea Nacional.
Al respecto, el diputado Luis Barragán, miembro de la referida agrupación parlamentaria, señaló que el Secretario General se excedió en sus competencias a tenor del artículo 33 de la Carta de la ONU y del artículo IV numeral 2 del Acuerdo de Ginebra.
“Exceso agravado – dijo – porque Venezuela no es signataria del Protocolo Facultativo Sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, comotampoco ha suscrito tratados multilaterales como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar que reconocen esa instancia. Por ello, la Asamblea Nacional no debe esperar para pronunciarse en un asunto tan fundamental para la República, pues, por una parte, si no hay una Política de Estado en la materia, como ha ocurrido en el presente siglo, es tiempo de proponerla y de realizarla a través de iniciativas concretas; y, por otra, la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio ha sido diligente al plantear y consignar reglamentariamente un Proyecto de Acuerdo relacionado con la inaplicabilidad de la ya citada decisión”.
El Proyecto de Acuerdo está inspirado en el documento concebido y elaborado por el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) que también fue consultado en la reciente sesión de trabajo que convocara con expertos en la materia, los representantes del Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, Mi Mapa y ONSA, además de contar con la presencia e intervenciones de los diputados Angel Medina, Williams Dávila y Barragán.
Puntualizó el parlamentario de Vente Venezuela por el estado Aragua: “Completamente luce insatisfactoria y lamentable la actuación de D. H. Nylander como representante del Secretario General, durante 2017, porque, incluso, teniendo experiencia como mediador en el conflicto político colombiano, acá únicamente se reunió con el dictador, haciendo caso omiso de la oposición, mientras que en Guyana agotó sus consultas con todas las corrientes políticas y parlamentarias. Por lo demás, si de condiciones políticas se trata, el noruego, cuyo país de origen tiene intereses económicos en el vecino país, no estimó la particularísima emergencia humanitaria y la dislocación institucional en la que se encuentra Venezuela, haciendo insustentable cualquier decisión que la comprometa o diga comprometerla en el marco internacional”.