El alcalde de la ciudad de Cúcuta pide declarar una emergencia social al presidente Santos, que este jueves visita la zona, publica ABC
Por POLY MARTÍNEZ
Corresponsal en Bogotá
La frontera entre Colombia y Venezuela nunca ha sido un lecho de rosas. Con poco más de 2.200 kilómetros de extensión (tres veces y media la frontera entre España y Francia; casi dos veces la Raya entre España y Portugal), históricamente ha marcado puntos de encuentro y desencuentro entre los dos países. Una frontera viva que para miles de venezolanos marca hoy el borde entre la ilusión por una mejor vida y la lucha por no desfallecer, por la supervivencia.
Pero el éxodo de venezolanos, que se ha disparado en el último año, está desbordando a las autoridades colombianas, ante la necesidad de gestionar la llegada de cientos de miles de personas procedentes del país vecino, que huyen de la miseria, la escasez de alimentos y la falta de medicinas, además de la persecución política, que sufren bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Ante la grave crisis humanitaria en que está derivando esta llegada masiva de venezolanos, con muchos de ellos durmiendo en parques y calles en condiciones deplorables, el alcalde de la ciudad fronteriza de Cúcuta, César Rojas, ha pedido al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que declare la emergencia social en la ciudad fronteriza.
Santos viajará precisamente este jueves a la frontera entre los dos países para verificar los avances en la gestión de la crisis y procurar la coordinación entre las distintas entidades, que suele ser una de las principales fallas en estas crisis: muchos tratando de hacer algo y todos logrando poco. Tal como avanzó el pasado lunes a gobernadores y alcaldes fronterizos con los que habló, pondrá el énfasis en un plan de atención que cubra especialmente los asuntos de salud (el año pasado se atendieron 24.727 urgencias frente a 1.475 en 2015), educación, atención a menores desprotegidos, mayores y familias en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la presencia del mandatario y otras autoridades regionales o locales, así como la reciente del procurador, no será suficiente para resolver de una vez por todas la situación que se vive en la frontera, a la que se suma ser una zona de bajo desarrollo, históricamente desatendida por los gobiernos de turno.
La crisis humanitaria que sufre Venezuela se traslada con cifras alarmantes hasta la frontera colombiana –sin incluir a Brasil y Guyana, que tienen su propia ola de migrantes venezolanos–: en el último año han entrado a Colombia 750.000 venezolanos, de los cuales unos 340.000 permanecen con estatus migratorio irregular, lo que informalmente se denomina como «ilegales». Solo en el mes de enero de 2018 entraron en el país 47.095, según los datos oficiales.
Sin embargo, las cifras reales desbordan los registros formales: la cifra oficial de la autoridad migratoria colombiana indica que, desde 2014, al país han entrado 1.100.000 venezolanos, pero se calcula que al menos otros 900.000 lo hicieron de forma irregular, para una población flotante superior a los dos millones de venezolanos. Como ejemplo, mientras en una ciudad como Arauca (90.000 habitantes) hay un paso fronterizo oficial, en paralelo existen otros 22 informales. Y en Paraguachón, más al norte, y en la Guajira, la proporción es un puesto de migración por cada cien trochas o caminos ilegales, tanto o más conocidos que el propio puesto de control fronterizo.
Según un informe de Migración Colombia, hay ahora unos 550.000 venezolanos, mientras que datos del Gobierno señalan que, entre agosto de 2017 y enero de 2018, hasta 1,5 millones de venezolanos han solicitado la tarjeta de movilidad fronteriza, un documento que solo permite transitar por zonas limítrofes, visitar a familiares o comprar alimentos y medicinas.
Se estima que uno de cada tres venezolanos que llega se queda en el país. El resto va de paso hacia el sur, camino a Ecuador, Perú y hasta Argentina. Algunos hacen pie temporal y toman un respiro antes de encaminarse al norte, hacia Estados Unidos o, eventualmente, dar el salto a Europa. Pero estos son los menos, pues los venezolanos con recursos para hacer semejante esfuerzo ya hace tiempo que se marcharon de su país.
La crisis humanitaria que sufre Venezuela se traslada con cifras alarmantes hasta la frontera colombiana –sin incluir a Brasil y Guyana, que tienen su propia ola de migrantes venezolanos–: en el último año han entrado a Colombia 750.000 venezolanos, de los cuales unos 340.000 permanecen con estatus migratorio irregular, lo que informalmente se denomina como «ilegales». Solo en el mes de enero de 2018 entraron en el país 47.095, según los datos oficiales.
Sin embargo, las cifras reales desbordan los registros formales: la cifra oficial de la autoridad migratoria colombiana indica que, desde 2014, al país han entrado 1.100.000 venezolanos, pero se calcula que al menos otros 900.000 lo hicieron de forma irregular, para una población flotante superior a los dos millones de venezolanos. Como ejemplo, mientras en una ciudad como Arauca (90.000 habitantes) hay un paso fronterizo oficial, en paralelo existen otros 22 informales. Y en Paraguachón, más al norte, y en la Guajira, la proporción es un puesto de migración por cada cien trochas o caminos ilegales, tanto o más conocidos que el propio puesto de control fronterizo.
Según un informe de Migración Colombia, hay ahora unos 550.000 venezolanos, mientras que datos del Gobierno señalan que, entre agosto de 2017 y enero de 2018, hasta 1,5 millones de venezolanos han solicitado la tarjeta de movilidad fronteriza, un documento que solo permite transitar por zonas limítrofes, visitar a familiares o comprar alimentos y medicinas.
Se estima que uno de cada tres venezolanos que llega se queda en el país. El resto va de paso hacia el sur, camino a Ecuador, Perú y hasta Argentina. Algunos hacen pie temporal y toman un respiro antes de encaminarse al norte, hacia Estados Unidos o, eventualmente, dar el salto a Europa. Pero estos son los menos, pues los venezolanos con recursos para hacer semejante esfuerzo ya hace tiempo que se marcharon de su país.
Sea cual sea el destino, las imágenes se repiten día a día en distintos puntos de la geografía colombiana, pero especialmente en ciudades como Cúcuta, Maicao-Paraguachón y Arauca, donde familias y grupos de diversos venezolanos llegan a buscar comida y salud, así como de algo de trabajo y solidaridad. Todos llegan con muy poco, algunas maletas o bultos, necesitados y dispuestos a improvisar un espacio donde alojarse en algún parque de la ciudad.
En Villa del Rosario, municipio colindante con Cúcuta y sobre la frontera, el Gobierno colombiano abrió hace pocos días el Centro de Atención Migratorio para atender a esta creciente diáspora, aliviar la presión sobre el espacio público de Cúcuta y, sobre todo, la tensión social que se empieza a sentir en dicha ciudad.
La pregunta que ahora ronda es si se deben establecer campos de refugiados o algún esquema parecido, con apoyo internacional del Acnur y la Cruz Roja, respondiendo a las peticiones de las autoridades locales colombianas. A ellas se suma la solicitud presentada por la diputada por el vecino estado de Táchira, Gaby Arellano, en representación de la Asamblea Nacional venezolana, cuerpo legislativo en el que la oposición al régimen bolivariano tiene la mayoría y que el Gobierno de Nicolás Maduro desconoce a pesar de haber sido elegido por voto popular.
Desbordados
Atender una crisis de refugiados –aunque no han sido formalmente designados así– va más allá de las peticiones, de los titulares y de los intereses políticos o electorales que en este momento se dan en ambos lados de la frontera.
El catedrático de la Universidad Externado de Colombia y especialista en el tema, Marcos Pekel, considera que un «corredor humanitario» no se corresponde del todo con este caso, sino que más bien con lugares como Siria, «donde se trata de llevar a las personas a un punto seguro». «En este momento ya existe en la frontera un corredor de educación, donde los niños venezolanos vienen a Colombia a estudiar, cruzando el puente Simón Bolívar (que une Venezuela y Colombia por Cúcuta)», señala.
«Ahora, lo de los campos sí es hora de empezar a montarlos –asegura–, porque ya hay demasiada gente viviendo en parques, iglesias y calles, y en la medida en que no están retornando se hacen necesarios por varias razones: para el control del flujo migratorio, para darles condiciones más humanas y para evitar que se dispersen por todo el país y se pierda el control sobre lo que hacen. Ese es el uso de los campamentos».
Por ejemplo, en Arauca se estima que diariamente entran 8.000 personas, cifra que evidencia un aumento importante en los últimos meses, aunque desde hace ya dos años viene dándose un goteo constante de venezolanos a esta región nororiental de Colombia. En Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y el punto más álgido, hay un flujo diario de 100.000 personas que vienen y van, pero ahora ha crecido la proporción de ellas que se quedan en la ciudad –se estima que el 10% permanece– para resolver su situación de desabastecimiento.
Sin embargo, esta situación de crisis económica, de salud y bienestar mínimo les permitiría a los venezolanos que se les declare refugiados, pero a todas luces tal designación traería otras consecuencias. «Esta propuesta de crear un corredor humanitario la considero populista, innecesaria y genera una situación adicional de tensión con el gobierno venezolano», afirma Pekel. «La situación en la frontera tiene ya su propia dinámica, que hay que atender efectivamente y no aumentar la migración de venezolanos a Colombia a través de ese corredor. De todas formas, Colombia los va a recibir, no habrá cierre de frontera, pero sí debe hacer algo, pues al gobierno y Estado colombianos los está cogiendo la noche para actuar», apunta.