La organización Human Rights Watch (HRW) celebró el “mensaje contundente” que envió hoy la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al abrir un examen preliminar por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde abril de 2017.
EFE
“Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que su Fiscalía está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro”, consideró hoy en un comunicado José Miguel Vivanco, director para América de HRW.
“El poder judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones de la CPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente”, agregó.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.
El paso dado hoy por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.
Un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentará este mes sus conclusiones sobre si hay base para que el secretario general, Luis Almagro, o algún país miembro denuncie al Gobierno de Venezuela ante la CPI.
HRW envió tanto a los expertos de la OEA como a la Fiscalía de la CPI un informe en noviembre en 2017 sobre abusos recientes cometidos en Venezuela.
Según la organización, en ese año el Gobierno venezolano “cometió de forma sistemática abusos brutales, incluyendo torturas, contra quienes se manifestaban contra el Gobierno y contra opositores políticos”.
Las investigaciones de Human Rights Watch concluyeron que “los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
“Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la Presidencia de Maduro, ya que en 2014 las fuerzas de seguridad también reprimieron manifestaciones y procesaron arbitrariamente a críticos, la magnitud y la gravedad de la represión durante 2017 alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, subraya la organización. EFE