La carta enviada por José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición venezolana tras el fracaso de las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro es impropia de un mediador. Porque una cosa es la frustración del que ha trabajado para acercar a las partes en conflicto y otra muy distinta cargar las culpas en solo uno de los negociadores. En el caso que nos ocupa esa falta de imparcialidad es especialmente escandalosa, con una oposición oprimida, perseguida y encarcelada frente a un gobierno abusivo entregado a la demolición de la democracia y la economía de Venezuela.
Auspiciadas por un grupo de seis países americanos, por el presidente de la República Dominicana y por el propio Zapatero, las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición no han llegado a buen puerto. El régimen chavista se ha negado a ofrecer garantías esenciales para celebrar con transparencia democrática las próximas elecciones presidenciales; entre ellas, el equilibrio informativo en los medios públicos, la reversión de las inhabilitaciones políticas de dirigentes de la oposición, la liberación de todos los presos políticos o la restitución de la Asamblea Nacional.
El Gobierno de Maduro pretendía, sin embargo, que la oposición se aviniera a un acuerdo en el que solo se admitía una misión de observación de la ONU y la creación de una comisión de La Verdad. El resto eran vagas promesas de limpieza democrática. De suscribirlo la oposición, se habría dotado de legitimidad a unas elecciones con las que el régimen solo pretende afianzarse en el poder. Por si hubiera alguna duda, Maduro las ha convocado inmediatamente después del fracaso de las conversaciones abiertas en República Dominicana y lo ha hecho para el día 22 de abril, lo que perjudica a la oposición, que había pedido más tiempo para reorganizarse —varios partidos han sido vetados por decreto— y poder concurrir de manera solvente a las elecciones.
En este contexto, el llamamiento de Zapatero a la oposición no se corresponde con su papel de mediador ni con los principios democráticos que deben guiar su actuación. El documento ofrecido por el régimen chavista no aporta garantías de un proceso limpio y Zapatero se presta a retorcer la realidad para acomodarla a la visión de Maduro afirmando que la comunidad internacional ha impuesto “sanciones contra Venezuela”, cuando estas, en realidad, son contra altos responsables de los desmanes venezolanos.
Esos desmanes son tan notorios y evidentes que el Parlamento Europeo acaba de pedir ampliar esas sanciones mientras que la Corte Penal Internacional ha abierto un examen sobre los presuntos crímenes del chavismo. El Gobierno español, tradicionalmente contenido ante los insultos recibidos desde Caracas, ha expulsado al embajador venezolano en respuesta a la expulsión del canciller español en Venezuela. Frente a todo ello, Zapatero adopta el lenguaje y los lemas del régimen. Llama al diálogo y al acuerdo con gesto grave y solemne, ajeno a la razón de que lo que busca una parte es la rendición sin condiciones de la otra. Prestarse a ello es un insulto a Venezuela