Los once jueces del Supremo Tribunal de Brasil decidirán sobre el “habeas corpus” preventivo presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su prisión, después de que un juez de esa corte negara este viernes el recurso y sometiera la decisión final al plenario.
El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, rechazó hoy el “habeas corpus” presentado por los abogados para impedir el arresto inmediato del expresidente (2003-2010) una vez agotados los recursos en un tribunal de segunda instancia, pero decidió que la última palabra la tenga el pleno de la corte.
Lula fue condenado el pasado 24 de enero por el Tribunal Regional de Porto Alegre a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de un caso relacionado con la operación Lava Jato.
La defensa de Lula señaló en un comunicado que la decisión tomada por Fachin permitirá al pleno del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, la oportunidad de “aplicar la Constitución Federal, especialmente en lo que se refiere a la garantía de presunción de inocencia hasta la decisión final en la que no quepan más recursos”.
Con el “habeas corpus” preventivo, la defensa de Lula quiere evitar su detención antes de que las apelaciones sean revisadas por tribunales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia o el mismo STF.
Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional de Porto Alegre (TRF4) que condenaron a Lula en segunda instancia determinaron su arresto inmediato después de agotado el recurso en esa misma corte.
De acuerdo con los abogados, el TRF4 “determinó de oficio -sin pedido del Ministerio Público-, la anticipación del cumplimiento de la pena fijada, sin que haya motivo para no esperar el juicio de los recursos que serán analizados por tribunales superiores”.
La defensa de Lula argumenta que una pena no puede ser ejecutada antes de que concluyan todas las fases de apelación, en las cuales sostiene que se puede llegar a demostrar la inocencia de un reo, aún después de que la condena haya sido ratificada en segunda instancia.
Sin embargo, una cautelar de la Corte Suprema adoptada en 2016 permite que una sentencia sea ejecutada al concluir las apelaciones en segunda instancia y aún cuando existan posibilidades de otros recursos en tribunales superiores.
Con base en esa decisión, un diputado brasileño condenado a prisión en segunda instancia fue detenido esta semana para comenzar a cumplir la pena, lo que puede ser una señal de aviso para el exmandatario, que se encuentra en una situación similar.
El diputado Joao Rodrigues fue arrestado dos días después de que la Primera Sala de la Corte Suprema determinó la ejecución de la pena de cinco años de cárcel que recibió por fraudes en licitaciones públicas, una vez que fue ratificada por un tribunal de segunda instancia.
Rodrigues había apelado contra esa sentencia ante el Supremo, que en su Primera Sala, y apoyado en decisiones anteriores similares, confirmó que la Constitución brasileña prevé la posibilidad de que una pena comience a cumplirse una vez confirmada por dos tribunales.
La defensa de Lula juega a contrarreloj y desde hace meses lleva a cabo una sinfín de maniobras judiciales para intentar frenar que el exlíder sindical pueda ser arrestado.
Lula, quien lidera todas las encuestas de intención de voto, ha expresado su deseo de ser candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre, aunque la condena, además de su eventual arresto, podría dejarle fuera de la carrera presidencial.
EFE