En 2001, con 18 años, fui secuestrada por un desconocido durante casi cuatro meses. Me torturó, me golpeó con brutal ensañamiento y me violó de múltiples maneras, humillándome hasta lo indecible. Después de mi rescate, confié en que lograría justicia. Sin embargo, no solo prevaleció la ausencia de sensibilización y capacitación de los magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, policías, médicos forenses, encargados de proteger y garantizar mis derechos humanos, sino que, además, el sistema de justicia mostró un deliberado interés en proteger al agresor, por ser hijo de una importante figura pública en Venezuela.
Por Linda Loaiza / El País
Finalmente, después de librar una intensa lucha para realizar un juicio condenatorio, el sistema de justicia invisibilizó los actos de violencia sexual y tortura de los que fui objeto y al agresor solo le aplicaron una ínfima pena de seis años y un mes. Agotadas las instancias nacionales, acudí a las internacionales, hasta llegar a la Corte Interamericana, donde denuncié la actuación del sistema de justicia del Estado venezolano.
Mi historia es el primer caso de violencia de género en Venezuela que llega al Tribunal Interamericano, y una condena contra el Estado venezolano sentaría jurisprudencia a favor de mujeres que han vivido experiencias similares, tanto dentro del país como a nivel regional. Una condena contra el Estado de Venezuela mostraría a las mujeres de América Latina que la lucha por erradicar los privilegios y vicios con los que los sistemas de justicia favorecen a los agresores y revictimizan a las víctimas pueden ser sancionados.
Mi lucha ha sido acompañada por diferentes organizaciones de mujeres que trabajan por la condena a estos delitos y por el cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, del 14 de agosto de 1995. Venezuela, como firmante de esta Convención, está obligada a cumplir sus normas, pero no se cambian los patrones culturales que dificultan la justicia solo con letra, ni tampoco esta basta para tratar a las víctimas con respeto.
En el contexto de crisis que atraviesa ese país, esto resulta particularmente preocupante. Si bien se han dado avances legales dentro del país, que buscan abordar la violencia de género, impera una falta de información y transparencia sobre el número de víctimas de violencia de género y la efectividad de los procesos para tratar estos crímenes. Como consecuencia, miles de mujeres continúan viviendo en orfandad jurídica, la tragedia de ser víctimas de violencia, que en numerosos casos terminan en muertes.
Cuando en 2013 el Gobierno de Venezuela decidió salir de la Convención Americana, el sistema de derechos humanos interamericano, se cerró a las víctimas la oportunidad de acudir a la justicia internacional. Mi caso logró llegar a la Corte Interamericana antes de esta decisión. Gracias a esto y a la lucha tanto personal como de decenas de venezolanas que veían la Corte como una luz de esperanza, se celebrará este juicio en el mayor tribunal de derechos humanos del continente.
Más allá de Venezuela, deseo que mi historia impulse a que diferentes países Latinoamericanos adopten medidas de prevención, investigación y sanción, para que las mujeres puedan reivindicar que se las trate con respeto y dignidad.
En todas las familias del mundo, y concretamente en las de América Latina, hay historias deplorables. En todas hay algo que duele y algo que recordar, pero también, siempre, hay algo por lo que luchar. Quiero que mi historia ayude a esas mujeres a quienes la vida ha intentado quebrantar y que, al escucharla, entiendan que hay que ser fuertes, tenaces, incansables. Rendirse no es una opción.