Ocho funcionarios y cuatro políticos presos permanecen retenidos por presos amotinados en la cárcel de Tocuyito en el centro norte de Venezuela, informaron este miércoles el coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado y la diputada opositora Adriana Pichardo, reseña EFE.
“Están retenidos desde las 8 de la mañana (12.00 GMT) ocho funcionarios. El penal entero está amotinado”, aseguró Prado en un contacto telefónico con Efe e indicó que esta prisión tiene capacidad para 250 reclusos pero en la actualidad alberga a 890.
Aseguró que las peticiones de los presos se centran “en el maltrato (…) por la máxima disciplina, la situación de la mala alimentación, y el traslado a los penales de origen”.
Aseguró además que este penal “está tomado” por el Ministerio de Servicios Penitenciarios “por lo que no pueden decir que es una cosa de los pranes (preso líder negativo)”.
La diputada opositora Adriana Pichardo informó en su cuenta de Twitter que cuatro de los considerados “presos políticos” por la oposición han sido tomados como “rehenes” por los amotinados.
“#URGENTE presos comunes toman el Penal de Tocuyito tienen de Rehenes a Alexander Tirado y 3 presos políticos más exigiendo su traslado a cárceles abiertas. Hacemos responsables al Gobierno de sus vidas e Integridad física”, publicó Pichardo, que no especificó los nombres de los otros opositores encarcelados.
Tirado fue detenido en 2014 durante las protestas antigubernamentales de ese año, y condenado en 2015 a ocho años de cárcel por haber “instigado a desobediencia de las leyes” y es uno de los más de 200 opositores que permanecen privados de libertad por razones políticas según cálculos de varias ONG y dirigentes antichavistas.
El OVP informó en enero que durante este primer mes de 2018 más de mil presos se mantuvieron en huelga de hambre en dos cárceles de Venezuela por “la constante violación a sus derechos humanos” y para protestar por la escasez de alimentos en los centros penitenciarios.
El país caribeño pasa desde hace meses por una grave crisis económica de la que tampoco escapan los centros penitenciarios.
EFE