Un grupo amplio de actores de la sociedad civil organizada entregó al Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela un documento donde rechazan de forma enérgicamente la arbitraria y precipitada convocatoria a la elección presidencial de 2018, asimismo la ahora posible convocatoria a unos mega comicios donde se incluiría renovar la Asamblea Nacional, Consejos Legislativos y cámaras municipales. Detallaron al ente internacional el pliego de exigencias para lograr el objetivo de elecciones libres en el país.
Nota de prensa
Las ongs que suscribieron el comunicado fueron: Abriendo Caminos, Asociación de Profesores UCV, Asoego, AsoHorizonte, Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, AsoSaber, Caracas Ciudad Plural, Comunidanas, Foro Hatillano, Frente en Defensa del Norte de Caracas, Grupo La Colina, La Urbina Activa, M.I.N.A.S, Queremos Elegir, Red de Organizaciones de Baruta, Radio Comunidad, Red La Trinidad-Baruta, Unidos X Baruta, Vecinos por Venezuela y D.P.R.
Además iniciaron una campaña comunicacional en la cual afirma que el dilema no es el hecho de votar o no, sino el objetivo es exigir condiciones electorales para garantizar transparencia e imparcialidad.
A continuación el documento:
Caracas, 21 de febrero de 2018
Señores
Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela
Ciudad. –
Las organizaciones ciudadanas abajo firmantes rechazamos enérgicamente la arbitraria y precipitada convocatoria a la elección presidencial de 2018, por las razones siguientes:
1. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) se desprende que dicha elección debe realizarse en el último trimestre del 2018, a final del vencimiento del período constitucional, con tiempo suficiente para cumplir adecuadamente los lapsos requeridos y evitando el dualismo presidencial. Ello coincide con los estándares internacionales, para que dé tiempo de prepararse a todos los candidatos, sus partidos y sus electores, en condiciones iguales.
2. Las Jornadas de Inscripción y Actualización del Registro Electoral (RE) del 10 al 20 de febrero, así como el corte de dicho Registro el 27 de este mes, resultan una mascarada que esconde fraude, ventajismo y nuevos abusos de poder, con insólita premura y con festividades de Carnaval en el medio, reduciendo aún más el poco tiempo fijado para los preparativos de un proceso electoral presidencial. ¿Y quién garantiza que los inscritos/actualizados en esas Jornadas van a ser incorporados efectivamente, si el proceso de validación interna de los datos puede terminar después de la respectiva auditoría al RE?
3. En el exterior, sin RE activo desde abril de 2012, las Jornadas ni merecen esa denominación:
• De 11 días previstos inicialmente, se perdieron varios por descoordinación entre CNE y Consulados. En muchos de éstos comenzaron el miércoles 14.
• Solo se habilitaron puntos para inscribir/actualizar en sedes consulares, no todos los días de la semana y con horario restringido, sin “acercar el proceso al elector”, como pregona vanamente el CNE, en muchas ciudades con densa presencia de venezolanos. El caso más evidente es la región consular de Miami, que tiene cerca del 20% de la migración venezolana mundial y su Consulado ha estado cerrado desde enero de 2012. ¿Se habilitarán Jornadas en el anunciado Consulado por reabrir?
• En varios Consulados se exige a los electores recaudos no contemplados en la ley (en París: documento de identidad con 5 años de vigencia), así como pasaporte vigente (que la ley no establece y que los Consulados no emiten ni prorrogan). En cambio, no aceptan visas de residencia.
• La Circular emanada del CNE el 7 de febrero pide indebidamente “legalidad permanente” de residencia, interpretando en exceso la ya controvertida “legalidad o permanencia” que ordenaban versiones de Circulares emitidas para procesos anteriores.
4. Las postulaciones del 24 al 27 de febrero constituyen una gruesa manipulación política, en medio de múltiples inhabilitaciones de partidos y de posibles candidatos, injustificadas revalidaciones de partidos y cuestionables apreciaciones sobre presunta doble militancia, lo cual deja por fuera a los independientes, quienes no forman parte de la membresía de partido alguno.
5. Los acelerados lapsos para auditorías e impugnaciones prácticamente anulan el correcto desarrollo de tales actividades.
6. El sorteo y capacitación de quienes deben integrar los organismos subalternos (Juntas y Mesas) no pueden efectuarse equilibrada y representativamente en el tiempo establecido.
7. Una campaña electoral presidencial de 17 días imposibilita recorrer todo el país y cada estado tan siquiera una vez por día: algo esencial en una elección presidencial.
8. Es imposible garantizar, desde el inicio, una Observación Electoral calificada e independiente, tanto nacional como internacional.
9. Adicionalmente, un cronograma justo tiene que ser acompañado de otras condiciones electorales equitativas:
• Conformación del ente rector.
• Supresión del uso de recursos del Estado a favor del candidato oficialista.
• Prohibición de migraciones injustificadas y reubicación extemporánea o eliminación de Centros de Votación.
• Actuación imparcial de efectivos militares y funcionarios del CNE.
• Control de votos múltiples por un mismo ciudadano.
• Ejercicio del derecho a elegir sin compra de votos ni coacción a los electores.
• Garantía de secreto del voto.
• Cierre inequívoco a una hora fija de las Mesas Votación.
• Entre otras condiciones, que garanticen un proceso realmente libre, justo, creíble, imparcial, auditable y equilibrado, con garantías a los electores, a los candidatos y a sus partidos de apoyo.
Por lo expuesto exigimos: que la convocatoria a estas elecciones apresuradas sea anulada y se haga una nueva, con un lapso no menor de seis (6) meses, con todas las garantías constitucionales y legales, pleno respeto de los derechos civiles y políticos consagrados en tratados e instrumentos internacionales de transparencia electoral (a saber: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta Democrática, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos, así como los estándares y recomendaciones internacionales) de todos los venezolanos, sin exclusiones, abusos, fraudes, corrupción, compra de votos, chantajes y ventajismos; sin inhabilitaciones arbitrarias ni presos políticos.
Solo así se comenzará a sacar a la Nación de la ruina moral y material en la que está sumida, como se evidencia en la crisis humanitaria compleja que padecemos todos, pero especialmente los más pobres, indefensos y vulnerables, quienes claman por un cambio urgente del rumbo catastrófico que hasta ahora lleva el país, para reinsertarlo en el concierto de las naciones democráticas y civilizadas de América Latina y el mundo.
