![La Moneda Cubana un restaurante privado en La Habana (Foto extraída de Martí Noticias)](https://gitx.awsccs2.com/wp-content/uploads/2018/02/7A8FCDF6-74AA-41D5-8B02-0E1DC99BD2F2_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg?resize=640%2C360)
La agencia Reuters tuvo acceso al borrador de un nuevo paquete de medidas, reportado el martes por Martí Noticias, que entre otras restricciones reduciría a una el número de licencias por familia para operar restaurantes, cafeterías y bares, reseñó Martí Noticias.
Un borrador de nuevas regulaciones económicas propone aumentar el control del Estado sobre el sector privado en Cuba y limitar el emprendimiento, según una copia del documento obtenida por la agencia Reuters.
El proyecto circulante incluye la creación de una nueva división del Ministerio del Trabajo que gestione y controle el trabajo por cuenta propia.
El plan, que no se ha difundido públicamente, sugiere que existe malestar entre algunos miembros del gobernante Partido Comunista de Cuba con las reformas emprendidas por Raúl Castro hace ocho años, en el marco de un debate sobre el aumento de la desigualdad en el país.
El responsable de la implementación de las reformas, el vicepresidente Marino Murillo, había adelantado en diciembre parte de las regulaciones más estrictas para el sector privado, algunas incluidas en el nuevo documento.
Pero el borrador entrega más detalles y muestra cuánto podrían extenderse las medidas. Pero el documento que ha circulado entre expertos cubanos y empresarios privados, va más allá de las restricciones propuestas en diciembre.
Por ejemplo, permitiría que las casas obtengan licencia para operar sólo un restaurante, cafetería o bar. Eso limitaría el número de asientos por establecimiento a 50. Muchos de los restaurantes privados más exitosos de La Habana tienen actualmente varias licencias, lo que les permite atender a 100 personas o más.
Las restricciones presentadas por Murillo en diciembre incluían limitar las licencias de negocios a una actividad por empresario. Algunos emprendedores esperaban sortear las nuevas medidas transfiriendo a otros miembros de sus familias las autorizaciones para ejercer en actividades tan diversas como servicio de belleza o contabilidad.
“El decreto-ley fortalece el control funcional a nivel municipal, provincial y nacional” sobre el sector privado, señala uno de los decretos incluido en un documento de 166 páginas fechado el 3 de agosto del 2017, firmado por Marcia Fernández Andreu, vicejefa de la Secretaría del Consejo de Ministros de Cuba.
El documento sostiene que las resoluciones fueron preparadas por la comisión de reformas y serán enviadas a órganos provinciales y regionales de administración para consultas. Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del texto. Las autoridades cubanas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Algunos analistas dijeron que sospechan que el borrador fue filtrado para pulsar la opinión pública, y podría ser revisado. Las normas afirman que las medidas que se aplicarán a los infractores serán más “rigurosas”.
El martes, Martí Noticias publicó uno de los aspectos del proyecto aún inédito del gobierno. Este se enfoca en una figura delictiva que tenía que ver con ilegalidades en materia de contratación en las empresas estatales, y que ahora se aplicaría a ciertos cuentapropistas. Las sanciones aplicables pueden ir desde 3 hasta 20 años de privación de libertad más confiscación de bienes.
El Gobierno aumentó el año pasado sus críticas a la acumulación de riqueza en el país y ha pasado a la ofensiva contra la evasión tributaria y otras prácticas del sector privado.
La cifra de cubanos que trabajan con licencias para autoempleo se elevó a 567.982 personas a mediados del 2017, comparadas con 157.731 en el 2010, cuando se reforzó el trabajo por cuenta propia para aliviar las plantillas infladas e improductivas del sector estatal.
Los trabajadores del sector privado representan actualmente cerca de un 12 por ciento de la fuerza laboral del país, pero la prosperidad de algunos microempresarios cubanos, especialmente aquellos que trabajan en conexión con el turismo y tienen ingresos muy superiores a la media, se ha vuelto una fuente de tensiones.
El salario estatal promedio es de unos 30 dólares mensuales, el mismo monto que puede cobrar por una noche el propietario de un hotel que ofrece alojamiento y desayuno.