![FILE PHOTO: A man walks past the corporate logo of Odebrecht at a construction site, with words (top) that read, "Designed and made in Venezuela" in Caracas, Venezuela January 26, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo](https://gitx.awsccs2.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-31T172052Z_1922540706_RC15B56DA910_RTRMADP_3_ODEBRECHT-VENEZUELA.jpg?resize=640%2C427)
En algún momento durante el 2013, el entonces candidato presidencial de Venezuela Nicolás Maduro le pidió a la constructora brasileña Odebrecht que le pagara $50 millones en sobornos si quería seguir disfrutando de los jugosos negocios que tenía en el país, publica El Nuevo Herald.
POR ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Pero el jefe de las operaciones de la firma en Venezuela, Euzenando Azevedo, tenía sus reservas. “Nada más le dio $35 millones”, afirmó la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega, en una entrevista con el Nuevo Herald desde Bogotá.
El monto, dado a conocer inicialmente por el mismo Azevedo en declaraciones que hizo durante las investigaciones realizadas en Brasil, también forma parte del proceso judicial emprendido por Ortega contra la inmensa corrupción que rodea a Maduro y a su entorno más cercano dentro del régimen.
La fiscal, que se vio obligada a salir del país tras romper con el régimen, acaba de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que también opera desde el exilio, que solicite la captura internacional de Maduro.
Y el proceso podría terminar definiendo ante los ojos del mundo donde reside la verdadera legitimidad en Venezuela, ya que según la Constitución venezolana Ortega y los magistrados que se encuentran en el exilio son las verdaderas autoridades de Venezuela, pero según la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombrada a fuerza por el régimen, son los magistrados de Maduro y su nuevo fiscal, Tarek William Saab, los que tienen esa autoridad.
“Ahora corresponde a los distintos Estados, reconocer o no a estas instituciones”, dijo Ortega, en referencia a la Fiscalía General de la República, presidida por ella, al Tribunal Supremo de Justicia, conformado por magistrados que hoy operan desde el exilio, y la propia Asamblea Nacional, cuyas facultades constitucionales han sido removidas por el régimen, utilizando entre otros artificios a la ANC.
Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos de gran influencia ya han anunciado que no reconocen a la Asamblea Constituyente, lo que significaría en esencia que para gran parte de la comunidad internacional Ortega sigue siendo la fiscal, ya que ella fue destituida en agosto por la ANC, y no por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución.
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