La audiencia por un caso de supuesta compra irregular de llantas contra Rafael Guardia, exfuncionario del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), prevista para hoy, fue suspendida a la espera de que se resuelva una apelación presentada por la Fiscalía panameña, informó el Órgano Judicial (OJ).
EFE
El Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, tomó la decisión con base en que no se ha resuelto una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) contra una entrega de bienes acordada el 25 de octubre de 2017 entre esta entidad investigadora y la defensa de Guardia.
Esta audiencia ordinaria es por la supuesta adquisición con sobrecostes de 448 llantas en perjuicio del ya extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), del que Guardia fue director.
En este caso también están imputados Charles Sadat Bonilla Ojeda, Edwin Miguel Serracín Pineda y Ana Victoria Andrión Mejía, por la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Guardia ya fue sentenciado a 5 años de prisión y a devolver al Estado 30 millones de dólares entre cuentas bancarias y bienes, por la compra con sobrecostes de granos cuando era director del PAN.
Loaiza dijo en su dictamen que el mencionado acuerdo de entrega de bienes no se ha realizado y hasta que no se pronuncie el Segundo Tribunal Superior en referencia a este recurso presentado por la Fiscalía, “no se podrá determinar la situación jurídica de Guardia porque se le estarían violentando sus garantías fundamentales”.
La solicitud de suspensión de la audiencia la hizo la defensa particular de Guardia mediante un escrito ante la secretaría del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal.
La defensa alegó que si se realiza esta audiencia se estaría ante un doble juzgamiento que traería como consecuencia la confrontación entre la audiencia a efectuarse y los actos debidamente consumados y homologados, señaló el Órgano Judicial.
El exfuncionario ha confesado irregularidades administrativas en las que incurrió, y también es investigado por la compra con sobrecostes de mochilas escolares y en el alquiler de helicópteros.
Exministros y otros exaltos funcionarios de la era Martinelli cuentan con medidas cautelares, incluida detención preventiva.
Todo eso como parte de la investigación de decenas de casos de supuesta corrupción que involucran además a empresarios, algunos de los cuales han confesado las irregularidades y hasta devuelto millones de dólares al Estado.
El propio Martinelli afronta causas penales ante el Supremo panameño, una de ellas por escuchas ilegales que lo mantiene preso desde junio pasado en Miami (EE.UU.) a la espera de la decisión del Departamento de Estado sobre la extradición solicitada por Panamá.