Una organización de jóvenes de una veintena de países latinoamericanos reunió unas 10 mil firmas para pedir al gobierno chileno que cancele la invitación a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Raúl Castro de Cuba a la asunción presidencial de Sebastián Piñera en marzo.
AFP
Un grupo de miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia llegaron este miércoles hasta el Palacio de La Moneda para entregarle la carta con las miles de firmas a la presidenta Michelle Bachelet.
La organización, liderada por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá, pide que se cancele la invitación y que la mandataria chilena “envíe un mensaje a ambos dictadores caribeños diciéndoles que no son bienvenidos en Chile”, declaró Juan Carlos Vargas, dirigente de la red, al canal CNNChile.
Los “constantes atropellos de Maduro y Castro a los derechos humanos de nuestros hermanos, la grave situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas son algunas de las causas para considerar que estos personajes no merecen ser invitados”, indica un comunicado difundido en redes sociales por este organismo que reúne movimientos políticos y sociales de jóvenes en 19 países latinoamericanos.
La semana pasada, parlamentarios chilenos también habían expresado su repudio a la llegada de Maduro y pidieron a la presidenta Bachelet evaluar alguna medida para cancelar la invitación.
En respuesta a esas peticiones, el canciller Heraldo Muñoz, confirmó este miércoles que la invitación a Maduro no será cancelada para la ceremonia de toma de posesión de Piñera el 11 de marzo, y explicó que si bien Chile tiene “una posición muy clara respecto al gobierno venezolano”, la invitación es protocolar y se realizó al Estado de Venezuela.
Esta polémica surge en Chile un día después de que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski pidiera a Maduro que desista de concurrir a la Cumbre de las Américas en Lima en abril, afirmando que su presencia “no será bienvenida en dicho encuentro”.
La decisión peruana se anunció en el marco de la reunión de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima, que exigió al gobierno venezolano cambiar su calendario electoral y permitir abrir un “corredor humanitario” para enfrentar el desabastecimiento de alimentos.