La fraudulenta asamblea nacional constituyente (fanc) convocó la realización de una “megaelección” para escoger más de 2.600 cargos públicos el próximo 20 de mayo de 2018 (un presidente, 250 diputados regionales y alrededor de 2.400 concejales). Así lo reseña derechos.org.ve
En opinión de Provea, el lapso breve para la realización de una elección de esta naturaleza es arbitrario, inconstitucional y no garantiza igualdad de oportunidades. Además de vulnerar el ordenamiento jurídico vigente, impide a las instituciones responsables el correcto despliegue técnico y logístico que las haga posible, obstaculiza concretar las garantías para el libre e informado ejercicio del derecho al voto por parte de la ciudadanía, y reduce el tiempo de al menos 6 meses requeridos para unas presidenciales según la propia experiencia venezolana.
Esta situación motivó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la máxima autoridad internacional en la matería, a opinar que el anuncio de elecciones para mayo de 2018 en Venezuela “no satisface en modo alguno las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles”.
Todo corresponde a una estrategia diseñada por el Ejecutivo Nacional y ejecutada por la fanc, a fin de garantizar condiciones fraudulentas que den amplia ventaja a Maduro. Provea siempre cuestionó la posibilidad de retrasar o adelantar procesos electorales respecto a los cronogramas establecidos por la Constitución y el Consejo Nacional Electoral. La imposición de un proceso electoral improvisado y precipitado ratifica la preocupación que advertíamos en octubre del año 2016, cuando decidimos calificar al gobierno como no democrático.
La decisión del gobierno de convocar procesos electorales sólo cuando pueda obtener, por la manera que fuese, resultados favorables,sumado al control que Maduro ejerce sobre los Poderes Públicos, no garantiza el desarrollo de unas elecciones libres, créibles y equitativas. Todo está debidamente calculado para garantizar, mediante una farsa electoral, la continuidad de la dictadura.
Reiteramos que la Constitución de 1999 es el marco de actuación para quienes deseamos el retorno de la democracia y el estado social de derecho y de justicia. Además, insistimos que las elecciones en condiciones justas son un mecanismo pacífico, constitucional y democrático para la expresión de la soberanía popular y la solución de las diferencias: Los venezolanos quieren votar y está suficientemente demostrado que acuden masivamente cuando son convocados para ello, en procesos electorales que les generen confianza.
Provea coincide con la opinión del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en cuanto a que las elecciones pospuestas para el 20 de mayo, “lejos de contribuir a la superación de la crisis nacional, la prolongará y agravará”. Mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder y controle los Poderes Públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, no es posible que haya condiciones adecuadas para la realización de un proceso electoral transparente.
Por tales motivos, llamamos a la población, a las distintas organizaciones sociales y a los partidos políticos a exigir la RENUNCIA de Nicolás Maduro, principal responsable de la pobreza, la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en Venezuela. La defensa del derecho humano a la participación y al sufragio impone en las actuales condiciones del país la necesidad de exigir aún más que algunos cambios en las condiciones impuestas de manera arbitraria por la dictadura.
Es posible, por vías pacíficas y en aplicación del artículo 233 de la Constitución, avanzar hacia una transformación política e institucional que permita condiciones electorales cónsonas con los mandatos de la Constitución y las leyes. Un amplio movimiento unitario desplegando múltiples iniciativas pacíficas puede lograr el cambio que el país exige
Venezuela no se rinde.