![Fotografía de archivo del 29 de enero de 2015 del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) a su llegada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ARCHIVO/Saúl Martínez](https://gitx.awsccs2.com/wp-content/uploads/2015/12-11/martinelli-e1449892463674.jpg?resize=640%2C426)
El expresidente panameño Ricardo Martinelli apeló el fallo de la jueza Marcia G. Cook, que en enero pasado avaló su extradición por delitos relacionados con escuchas ilegales, informó hoy su portavoz Luis Eduardo Camacho.
EFE
La jueza del Distrito Sur de Florida rechazó el pasado 23 de enero un recurso de amparo contra la extradición presentado por Martinelli y corroboró la decisión del juez Edwin Torres, de agosto de 2017, a favor de repatriarlo por cuatro delitos relacionados con escuchas ilegales y malversación de fondos (peculado).
Sin embargo, la jueza Cooke falló en febrero pasado a favor de la libertad bajo fianza de Martinelli, que está suspendida, tras ser recurrida por la Fiscalía en la Corte de Apelaciones del Distrito judicial Undécimo, con sede en Atlanta (Georgia).
Martinelli, quien está detenido desde el 12 de junio de 2017, espera ahora el fallo sobre la libertad bajo fianza de la corte de Atlanta, donde ahora, según Camacho, la defensa del expresidente apeló “para revocar la condición de extraditable”.
Camacho aseguró además que los abogados también presentaron una “moción para que no sea extraditado hasta que se resuelva la apelación”.
El recurso de amparo rechazado por Cooke había sido dirigido por Martinelli al fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions; el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe en activo del centro de detención de Miami donde está recluido el expresidente, Robert Wilson.
Por otro lado, Camacho señaló que por ahora no hay respuesta de Atlanta sobre la libertad bajo fianza, pero que “la defensa está optimista de que la mantendrán”.
Panamá solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli, de 66 años, para que responda por un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014) del que fueron víctimas 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y políticos.
El juez Torres certificó en agosto de 2017 la extradición del expresidente al considerar que “hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados” en su contra.