Una forma de intervención militar extranjera ocurrirá en Venezuela en los próximos meses y no hay dudas que se hará bajo la modalidad de una intervención humanitaria.
Pienso que normada en la doctrina que la ONU sentó para la región cuando Haití rodó por el caos después del golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristidi el 29 de febrero del 2004, y una fuerza multilateral, la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haiti) e integrada, principalmente, por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, pasó a ser la responsable del proceso de restablecimiento de la vida democrática en el país de Petión que duró 10 años.
Es bueno subrayar que “caos político” no es equivalente a “crisis humanitaria”, si bien sus efectos letales sobre la producción y distribución de los bienes de primera necesidad, concluyen en atribuirle una inevitable similitud.
Aún más, una crisis humanitaria desencadenada por razones políticas, como serían las de gobiernos interesados en alguna suerte de limpieza étnica, ideológica, partidista o religiosa, puede transcurir en perfecto orden, pero en este caso el “orden” es parte de la crisis humanitaria y no puede alegarse para no tener judicialmente la misma calificación y condena.
No es el caso de la Venezuela del régimen dictatorial y socialista de Maduro, donde caos y crisis humanitaria van de la mano, son consustanciales y ello allanaría el camino para arribar a las definiciones y precisiones jurídicas que son imprescindibles para que la ONU repita en Venezuela la experiencia de Haití.
Aunque, lo más seguro, es que en la situación de Venezuela y su caos político y crisis humanitaria, tal misión sea puesta en manos de la OEA que, en la vocería de su Secretario General, Luis Almagro y de gobiernos como los de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, sería el organismo llamado a poner fin a la tragedia y devolver el país a la normalidad.
No debe descartarse, sin embargo, una intervención humanitaria unilateral o bilateral, en caso de que fracase la multilateral -sea de la ONU o de la OEA-, y no hay dudas que la misma puede llegar por una decisión del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, o del colombiano que ya estará en manos del actual candidato a la presidencia, Iván Duque, para mediados de mayo, ciudadanos con sobradas razones para querellarse con un régimen que no esconde sus preferencias -a la hora de buscarse enemigos-, por los presidentes de los países con las democracias más viejas del continente.
En lo que se refiere a los Estados Unidos, no debe olvidarse que fue el primer país de América en colocarle la etiqueta de “dictadura” al gobierno de Maduro, de acusarlo de violaciones de los derechos humanos, de ser pieza clave del narcotráfico internacional y aliado del terrorismo islámico, haciéndolo objeto de sanciones que van, desde prohibirles el ingreso a sus funcionarios, hasta congelarles los activos, pasando por juzgarlos en tribunales por causas relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más grave es que, el presidente, Barack Omaba, había declarado en un decreto que firmó el 9 marzo del 2015, que el gobierno de Maduro “es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos” y que pasaba a tenerlo entre sus objetivos políticos y militares”, declaración que acaba de ser ratificada por la Administración Trump.
En cuanto a Colombia, puede señalarse como el primer país de la región en sufrir las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos a su territorio, que ya pasa del millón de personas, así como de ser objetivo de ataques de guerrilleros desmovilizados de las FARC y ELN que Maduro usa para hostigar a tropas colombianas destacadas en la frontera.
En otras palabras que, las intervenciones de un país (o grupo de países) extranjeros a un país soberano del continente no son inusuales ni remotas, si bien hay que entender su complejidad legal después que la Carta de la ONU sacralizó el principio de soberanía nacional que trató de evitar que los países más fuertes hicieran tabula rasa con la independencia de los débiles.
El problema con la “soberanía nacional” es que “gobiernos fuertes” de “países débiles”, pueden usarla a su antojo para oprimir y esclavizar a las poblaciones de sus propios países, perpetrando gigantescas violaciones de los derechos humanos, arrasando con cualquier vestigio de libertad, democracia y constitucionalidad y, todo bajo el alegato de que ningún poder extraterritorial (sean gobiernos o multilaterales) pueden violar su sacrosanta soberanía.
Argucia que resultó particularmente criminal cuando el comunismo soviético se impuso, de hecho, como un poder mundial y global, gobernó como una internacional del crimen e invadía naciones bajo el principio del “Internacionalismo proletario”, pero no permitía que gobiernos democráticos se solidarizaran con los invadidos en aplicación de la doctrina de la soberanía nacional.
Así cayeron Cuba, Cambodia, Laos, Nicaragua, Etiopía y Afganistán, países que pasaron a sufrir los horrores que antes habían vivido la Unión Soviética, China, Corea del Norte, y los países del Este de Europa, pero que fueron dejados en las garras de sectas de fanáticos desequilibrados y desintegrados que cometieron y cometen crímenes bajo una impunidad atroz, pero que el mundo civilizado no se atrevía ni a protestar, ni a ponerle fin.
Y así piensan Maduro y sus genocidas -Cabello, Padrino López, Reverol, los hermanos Rodríguez, Bernal, y demás terroristas, narcotraficantes y afines que los secundan-, que sucederá con Venezuela, pues siempre podrá favorecerlos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, o si no, que no se logren los consensos, unamidad o mayoría absoluta para que el pueblo venezolano no sea desterrado de la civilidad, la libertad, la democracia y el progreso porque unos rendentores quiere mantenerlos para siempre en los predios del “Buen Salvaje”.
Pero le advertiría a Maduro y sus secuaces que, tal como se lee en El Quijote”: “En los nidos de antaño, no hay pájaros de hogaño”, que el comunismo soviético desapareció hace casi tres décadas, que su imperio conocido como el sistema socialista fue arrasado al extremo de que solo dos países, Cuba y Corea del Norte, lo mantienen como en una suerte de museo de cera del horror, y que la democracia constitucional con sus principios de independencia de los poderes y alternabilidad en el gobierno, rigen en el 90 por ciento de las naciones del globo.
Además, en el caso de Venezuela -con relación al resto de los países comunistas que fueron y son-, cursa una variante que es de especialísima importancia: el fracaso del socialismo es fundamentalmente demostrable por el retroceso de la calidad de la vida a niveles primarios, a tal como se vivía en los años más rudos del medioevo y pueden visualizarse en la hambruna que desde hace más de dos años sufre el país, la falta de medicinas y de servicios médicos -que ya se constituyen en una de las principales causas de muertes- y en un derioro de los servicios públicos como el suministro de agua, luz y transporte que hacen de Venezuela una réplica de Cuba y Haití.
Pero ha sido el éxodo masivo de venezolanos hacia países extranjeros, la llamada díáspora o emigración que ya alcanza los cinco millones de personas, las que determinan que Venezuela se despeñó por la vía a que condujo la inviabilidad del socialismo en otros países y que se hará imprescindible, indispensable e inescapable proceder a una intervención humanitaria para poner fin a su destrucción.
De ahí que, no sea descartable que, después de la celebración de la “Cumbre de Las Américas” en Lima, Perú, entre el 15 y el 16 de abril próximo, tanto la mayoría de los países representados en la OEA, como los que pertenecen a la ONU, se dispongan a discutir y resolver algún tipo de intervención militar en Venezuela, una que quizá se apoye en una fuera armada multilateral u otra bilateral de dos o más países con el mandato que ya recibieron EEUU, Francia, Canadá y Chile en Haití.
Misión para poner fin a la dictadura comunista totalitaria y genocida de Maduro, sea mediante la negociación o la guerra.