La encuesta condiciones de vida, Encovi, realizada en nuestro país desde hace tres años por la UCAB, la UCV y la Universidad Simón Bolívar, ha determinado que el crecimiento de la pobreza ha sido continuo y con tendencia a mantenerse en aumento si no se corrigen sus causas principales: la inflación y la paralización de nuestra economía.
La última valoración de la pobreza medida por la línea de ingreso data del año pasado, donde se refleja un crecimiento en relación al 2016 tanto de la pobreza como de la pobreza extrema. Las familias que no tuvieron suficiente ingreso para cubrir los bienes y servicios fundamentales pasaron de un 81,8 % en 2016 al 87% en 2017. Más grave aún es el aumento de la pobreza extrema que aumentó del 51,5% en 2016 al 61% en el año pasado, esto significa que cerca de 19 millones de la población no tiene los recursos suficientes en su núcleo familiar, para cubrir sus necesidades de alimentación.
La Encovi también realiza una medición de la pobreza denominada pobreza multifactorial.
Esta medición se ajusta al método establecido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas como la Cepal. La encuesta se basa en medir cinco variables de las condiciones de vida de la población: condición estructural de la vivienda, cantidad de personas que la habitan y estatus legal; servicios públicos disponibles y periodo de interrupciones; rezago e inasistencia de los integrantes en edad escolar a sus sitios de estudio; empleo, desempleo y seguridad social del componente familiar. También se valora la pobreza medida por la línea de ingreso.
La pobreza multifactorial, además de reflejar la situación de pobreza debido a la falta de ingresos, es un indicador del deterioro de la calidad de vida, debido al entorno físico y social del cual depende el núcleo familiar. El empeoramiento de la pobreza medido por las condiciones de vida en los hogares de nuestro país, aumentó en 2017 al 51%. En líneas generales, porcentualmente más de la mitad de las familias en nuestro país, además de no contar con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios fundamentales, viven en situación caótica y sin ningún tipo de asistencia social.
Este caos y desasistencia social se manifiesta con mayor intensidad en las zonas menos pobladas de nuestro país: el área rural donde habita el 25% de nuestra población. Allí la pobreza multifactorial afecta al 74% de sus habitantes, es decir más de dos tercios de las familias que pueblan esas regiones.
La inmensa mayoría de los habitantes de las zonas menos pobladas de nuestro país, dependen económicamente de forma directa o indirecta de la actividad pecuaria, pesquera y de la agricultura vegetal. Estas actividades, que son el eslabón primario de la cadena de la producción de alimentos, han sido las más golpeada por la política destructiva del gobierno. Como ya lo hemos señalado, por razones ideológicas y para beneficiar los actos de corrupción de la boliburguesía importadora, el régimen intervino y reguló todas las actividades económicas del sector primario de la producción de alimentos, mediante el irrespeto a la propiedad y al estado de derecho.
La devastación del sector de la producción primaria trajo como consecuencia, no sólo la crisis humanitaria por la escasez y la carestía de los alimentos, también acabó con la modesta condición de vida de la población rural. La pobreza medida por la línea de ingreso en el medio rural, es superior a la de las zonas más densamente pobladas, debido a un mayor desempleo y a la creciente ocupación informal. Los gremios de la producción agrícola han denunciado que la tasa de desocupación formal está situada aproximadamente en un cuarenta por ciento y continúa en aumento. Esta situación se presenta debido a la inseguridad jurídica para producir y a la violencia ejercida contra los productores por bandas de delincuentes, grupos paramilitares y colectivos dedicados a la invasión y saqueo de las unidades de producción.
La modesta calidad de vida, que a partir de 1958 incorporó a esta población a la vida ciudadana, ha sido aniquilada por el régimen. Los dispensarios de atención primaria fueron sustituidos por el programa barrio adentro, un fracasado sistema centralizado, el cual es ya prácticamente inexistente. Para completar el desastroso panorama, el sistema educativo no funciona debido al deterioro de las escuelas, a los bajos sueldos de los maestros y a la deserción escolar a causa del hambre y la desnutrición.
El otrora exitoso plan regional de construcción de vivienda rural, fue sustituido por un sistema centralizado, cuya ineficacia ha tenido como consecuencia un déficit de doscientas mil viviendas. Los servicios públicos brillan por su ausencia: la electricidad casi no existe y la infraestructura sanitaria es una ficción. La vialidad rural también fue centralizada y se paralizaron los proyectos de construcción de veinte mil kilómetros de nuevas vías e igualmente, fueron abandonados los planes de mantenimiento de cuarenta mil kilómetros de la infraestructura ya existente.
Existen planes de recuperación, tanto de la producción agrícola como de las condiciones de vida de la población rural. Los recursos están disponibles en las instituciones financieras internacionales. Pero, para rescatar la población rural y al resto de nuestro país, es necesario cambiar este régimen por un gobierno democrático que se ocupe de la gente. Un gobierno que aproveche todos nuestros inmensos recursos y los utilice en función del bienestar de la población. Tenemos la posibilidad cierta de hacer de Venezuela un país sano, próspero y feliz.
@fernandocaminop