Desde hace dos meses, la producción de la industria está detenida. No hay transporte ni comedor. Los trabajadores, la mayoría costarricenses, se sienten perseguidos. La empresa tramitó la suspensión de los contratos de trabajo y las autoridades de Costa Rica detectaron un intento de traspaso de los bienes a un fideicomiso. El cuadro es similar al de las estatales del aluminio de Guayana solo que a cientos de kilómetros de distancia.
Por María Ramírez Cabello / Correo del Caroní
Los efectos de la crisis venezolana producto de las desacertadas políticas gubernamentales viajaron kilómetros de distancia y llegaron a la estatal CVG Alunasa, ubicada en el cantón de Esparza en Costa Rica, en donde la escasez de insumos, materias primas, desinversión y limitaciones en el flujo de caja han ocasionado, en los últimos meses, la paralización de la planta, demoras en los pagos de los salarios y la suspensión del servicio de transporte.
El cuadro en la fabricante de productos de aluminio es similar al de las estatales hermanas en Guayana, al sur de Venezuela, con la salvedad de que en Costa Rica la industria de capital venezolano ya gestionó ante el Ministerio del Trabajo la suspensión de contratos de 232 trabajadores, a quienes enviará a casa sin salarios por tres meses en un plan que recuerda al previsto por Bauxilum, el primer eslabón de la cadena del aluminio.
La medida ha causado incertidumbre en los más de 400 trabajadores de la compañía, la mayoría costarricenses, en una de las provincias más deprimidas desde el punto de vista económico y en donde Alunasa es una de las principales fuentes de empleo.
El retroceso sorprende, pues mientras las industrias del aluminio ubicadas en el país tienen años en contracción productiva y financiera, Alunasa se contaba como la excepción. Hasta 2014, la estatal mostró balances financieros azules y tasas de uso superiores al 70%, en contraste con sus hermanas en Guayana con ritmos productivos inferiores a un cuarto de su capacidad instalada.
Los medios de Costa Rica se han hecho eco de la situación, con el foco en la incertidumbre laboral y las investigaciones que adelantan las autoridades de esa nación.
El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica confirmó, a través de un comunicado, que la empresa presentó ante ese despacho una solicitud de interrupción temporal de contratos laborales aduciendo el faltante de la materia prima esencial para mantener en funcionamiento la fábrica.
“Esta solicitud fue completada el jueves 22 de marzo, antes del receso de Semana Santa por lo que la inspección se encuentra analizando la documentación y las pruebas presentadas”, informó el despacho laboral en el comunicado, publicado en su página de Facebook.
Los directivos de la industria indicaron que “la solicitud de suspensión temporal de contratos es por un plazo de tres meses, pero que la empresa está realizando esfuerzos para que el proceso se reanude lo antes posible, ya que indican que el problema obedece a la falta de materia prima lo cual ha generado un problema de liquidez”, agrega el informe preliminar.
El despacho está en el proceso de determinar la veracidad de las causas o alegatos de la gerencia venezolana, con el fin de otorgar la autorización debida, pues según la legislación laboral de Costa Rica, cuando se habla de causas justas se trata de situaciones que no son ni imputables ni previsibles por el patrono.
El MTSS advierte que mientras no resuelva la solicitud de suspensión, la empresa debe seguir cancelando los salarios, reseñó el diario costarricense El Financiero. El plazo de revisión es de tres semanas.
Pero el caso dio un vuelco el miércoles, cuando el despacho laboral alertó sobre el intento de Alunasa de traspasar bienes a un fideicomiso, del cual se desconocen detalles. El diario La Nación reseñó que el ministerio considera riesgosa esta acción, “por lo cual pidió a los trabajadores que acudan con urgencia a la vía judicial a poner denuncias y lograr que se detenga el traspaso, pues el despacho está limitado en este caso”.
El traspaso a un fideicomiso es un artificio legal para encubrir una venta, advirtió el abogado Raúl Gil Arias. “De hecho, es una venta, porque pasan el dominio de la planta a terceras personas; pero legalmente no se puede concretar porque no tienen la aprobación de la Asamblea Nacional a la que deben consultar porque Alunasa es un activo del Estado”, explicó. El Gobierno venezolano no ha comentado sobre la situación de la industria.
Las autoridades laborales en Costa Rica denunciaron también deudas pendientes de Alunasa con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por 909 mil dólares. Pese a que el ministro se negó en todo momento a confirmar que haya peligro inminente de salida de la empresa del país, “reconoció que su despacho no ha logrado tener contacto directo con la administración de la compañía en Costa Rica”, reseñó La Nación.
En videos enviados el 3 de abril por los trabajadores al perfil de Facebook Acontecer Espartano y Algo Más, se escucha al presidente de la industria, Noel Martínez, decir: “O verdaderamente nos unimos para buscar soluciones o esta vaina se acaba. Tengo el sublime derecho, instrucciones del Presidente de la República, si esto no lo solucionamos me llevo a Alunasa de aquí, ¿qué van a hacer, pues? Vamos a ver qué van a hacer. Aquí nadie nos va a venir a solucionar esto”.
“Si hay alguien que los está alborotando, no se dejen arrastrar con eso, porque en lo que comience la producción la gente se reintegra a trabajar, así de sencillo. Y yo tengo el sublime derecho también de decidir quiénes van a regresar y quiénes no van a regresar. Nadie me lo puede quitar, es el sublime derecho mío como presidente”, dice, con verbo encendido, frente a los molestos empleados que acudieron el lunes 2 de abril a sus puestos de trabajo, a los que se les negó la entrada.
Notificación verbal de suspensión
La empresa notificó de la suspensión de los contratos de trabajo durante la Semana Santa, el martes 27 de marzo. El aviso fue verbal. Aunque los trabajadores insistieron en la emisión de un documento, no hubo formalidad por parte de la factoría.
Un trabajador de la industria nacido en Costa Rica, quien prefirió mantener su nombre en reserva, explicó vía telefónica a Correo del Caroní que la empresa sufrió algunos problemas “y todos estábamos resistiendo, amamos mucho la empresa y nos identificamos mucho con Venezuela”. Desde 2017, los empleados alertaron un descenso de 50% en la producción, por la caída de los despachos de la reductora Venalum.
“Básicamente tenemos una producción constante de 1.000 toneladas por mes y en el 2017 decayó a 500 toneladas por mes”, precisó el empleado con más de 15 años de antigüedad en Alunasa, al indicar que además de Venalum hay otros proveedores de materia prima disponibles a los que se podría recurrir en una relación de compra que no sería común, pero permitiría mantener las puertas abiertas. “No es común recurrir a otros proveedores, pero se ha comprado a Estados Unidos en algunos momentos”, dijo.
Hace dos meses, detalló, la producción se detuvo por completo. A la par, la empresa retiró el transporte al personal y los trabajadores iban solo a laborar hasta el mediodía, una escena similar a la de las industrias de Guayana.
“Ha sido absolutamente sorpresivo y llama mucho la atención porque dibuja un panorama perturbador y nadie nos explica. El presidente de la empresa, Noel Martínez, salió el lunes a las afueras del portón y no quiso atendernos”.
El trabajador identifica que el deterioro de la empresa empezó durante la gestión del actual presidente, Noel Martínez, designado en el cargo el 17 de marzo de 2015, en la Gaceta Oficial N° 40.622. Lo acusan de practicar nepotismo en la alta gerencia de la compañía, toda venezolana. “Todos están relacionados políticamente y consanguíneamente, hay tíos, primos, hermanos, sobrinos. La esposa trabaja en Desarrollo Social; deben haber unos 10 familiares”, dijo.
El entramado familiar en la alta gerencia no pesara tanto, apuntan, si los resultados positivos a nivel operativo y financiero se hubieran mantenido como hasta 2014.
“A nivel salarial se acostumbra que dos veces al año se hace un ajuste para compensar la inflación. Cuando el presidente llegó, hizo un ajuste bueno pero fue el único en los tres años que lleva de gestión. Hay retrasos en el pago, no pagan en la fecha que corresponde, no hay certidumbre y tampoco nos comunican qué pasa. No tenemos idea, pero algo pasa. La empresa es una muy buena empresa y con esta gestión no sabemos por qué es que dejó de alcanzar la plata. Al final de la gestión anterior con Otto Delgado empezamos a tener problemitas, pero con esta ha sido muy grave”, afirmó.
El lograr resultados positivos, comenta, les llenaba de orgullo: “sentíamos que aportábamos una cuota de éxito dentro del holding, era bonito, era bueno y lamentamos ahora irnos completamente al otro extremo. Los números hablan”. El descalabro vino acompañado del empeoramiento del ambiente de trabajo con prácticas de persecución a la masa laboral, usuales en las empresas públicas del país.
“Acá la gente tiene una mordaza porque hay censura y un sindicato pudiese haber podido hablar por uno”, apunta. En la noche del martes, tras años sin organizaciones sindicales, los trabajadores decidieron constituir una seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP) para buscar un balance.
La diputada costarricense Karla Prendas alerta sobre el riesgo laboral de los más de 400 trabajadores de Alunasa. “La decisión sobre el cierre o no de la empresa no se ha dado oficialmente a través de la resolución que debe hacer el Ministerio del Trabajo”, dijo, pero aseguró que el momento “es crítico”. “Es una decisión entre países, así que no es una decisión muy sencilla, es compleja”, resaltó.
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