El caso del polémico currículo académico de la presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto el foco en políticos y altos funcionarios públicos en España que han inflado sus méritos académicos y cuyas irregularidades comienzan a ser desveladas por la prensa, reseña EFE.
Hace un par de semanas la publicación digital eldiario.es dio a conocer los primeros detalles sobre un máster en Derecho Público cursado por la presidenta regional madrileña en una universidad pública en el curso 2011-12.
Notas cambiadas dos años después del curso, firmas de actas presuntamente falsificadas y un trabajo de fin de máster que no aparece por ninguna parte son algunos de los detalles del caso de Cifuentes.
La presidenta madrileña sostiene que todo lo que ha hecho es legal pero sobre ella parece que se cierne la hipótesis de que será relevada del cargo ante el acoso de la oposición.
Hoy se ha sabido que la Universidad pública Rey Juan Carlos ha suspendido al responsables del máster y ha abierto expediente a la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes.
El escándalo suscitado por el máster de Cifuentes ha abierto la veda para que la prensa pase la lupa por el currículo de numerosos políticos, con el resultado de que más de uno lo ha adelgazado en las páginas web de las instituciones a las que pertenecen.
Uno de los protagonistas es el vicesecretario general del gobernante PP (centroderecha) Pablo Casado, que ha tenido que dar explicaciones a la prensa sobre un máster en la misma universidad de Cifuentes sin tener que ir a clase y ha argumentado que le fueron convalidadas la mayoría de las asignaturas por otros estudios.
Entre ellos varios posgrados, uno de los cuales – añadió – en la prestigiosa universidad de Harvard, que luego se ha sabido que consistió en cuatro días de clase impartidas en Madrid por un profesor estadounidense.
La caza al currículo adulterado afecta a todos los partidos y, así, el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha admitido que entre 1995 y 2003 llevó a su currículo en el Parlamento regional una licenciatura en Matemáticas que nunca existió.
Y en la región de Galicia hoy dimitió el diputado de Podemos (izquierda) Juan Merlo, tras la “vergüenza” que confiesa haber pasado al trascender que en su currículo figura que es ingeniero, lo que es falso.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, eludió hoy pronunciarse sobre lo que ya se conoce popularmente como “titulitis” o currículos inflados, aunque pidió que se trate a todos los políticos con el mismo rasero, sin justificar a unos mientras se critica a otros.
La polémica preocupa a la comunidad educativa, que teme la repercusión negativa en la imagen de los estudios de posgrado.
En España existen 84 universidades, de las que cincuenta son públicas, y en estos últimos años han proliferado los estudios de posgrado, hasta el punto de que han pasado de 16.609 alumnos matriculados en el curso 2006-07 a 184.745 diez años más tarde.
La Conferencia de Rectores (CRUE), que agrupa a los responsables de todas las universidades españolas, ha condenado “cualquier acto de irregularidad o ilegalidad en la vida universitaria” por ser “impropio de una institución académica”.
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, ha hecho hincapié en que es “inaceptable” que algunos políticos “hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española con fines partidistas”, una práctica que considera “una mayúscula e irresponsable frivolidad”.