La Procuraduría brasileña se pronunció este jueves en un concepto enviado a la Corte Suprema, contra la petición por la cual el estado de Roraima (norte) solicitó el cierre de la frontera con Venezuela ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado desde el país vecino.
EFE
“El posible cierre de la frontera o la limitación del número de inmigrantes venezolanos que ingresa a Brasil viola frontalmente compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos asumidos por el Gobierno brasileño”, aseguró en su misiva el subprocurador general de la República, Luciano Mariz Maia.
La Procuraduría reconoció que el flujo migratorio saltó significativamente en los últimos meses pero aclaró que Brasil garantiza la protección de los refugiados incluso como signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda personas tiene derecho a buscar y gozar de asilo en otros países sin sufrir persecución.
Para el Ministerio Público, el cierre de la frontera también viola otros acuerdos internacionales firmados por Brasil, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.
“El cierre de la frontera ofende frontalmente tanto la protección a los refugiados como la política brasileña de migración, y provocaría el aumento del ingreso irregular y de la permanencia clandestina de esas personas, lo que agravaría la situación social en la región”, afirmó el subprocurador en su parecer.
El Ministerio Público recordó que una de las bases de la nueva Ley de Migración de Brasil es el Principio de Acogida Humanitaria.
El cierre de la frontera con Venezuela fue solicitado a la Corte Suprema el 13 de abrir pasado por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, con el argumento de que el ingreso diario de entre 500 y 700 inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica, social y política de su país ha provocado una grave crisis en uno de los estados más pobres de Brasil.
De acuerdo con la gobernadora, sin ayuda financiera y logística del Gobierno federal de Brasil, el estado de Roraima no tiene condiciones de soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos ni de ofrecerle a todos los inmigrantes venezolanos los servicios obligatorios como salud y educación.
Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50.000 venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10 % de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320.000 habitantes.
La magistrada Rosa Weber, instructora en la Corte Suprema del proceso abierto ante la petición de Roraima, le dio el lunes un plazo de 30 días al Gobierno brasileño para que se pronuncie sobre la exigencia del estado fronterizo.
La magistrada también determinó que en ese mismo plazo de 30 días ambas partes se pronuncien sobre una posible conciliación amigable para superar el asunto, por considerar que el diálogo y la cooperación institucional son “imprescindibles” para solucionar los conflictos entre el gobierno federal y las unidades federativas.
Hasta ahora, tanto el presidente brasileño, Michel Temer, como su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, han dicho que no ven motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes venezolanos que huyen de la “crisis humanitaria” en su país.