En los últimos tiempos, la corrupción ligada a la política, en el mundo y nuestro entorno hemisférico, se ha vuelto un asunto de grandes dimensiones y sobre el cual no podemos ser indiferentes. No solo por tratarse de un tema de carácter moral y/o legal, sino también porque sus efectos económico-sociales son, las más de las veces, nefastos.
La reciente Cumbre de la Américas en Perú la tuvo como tema central, vinculándolo con el tema de la gobernabilidad.
Hace un tiempo atrás decía en un ensayo (“Corrupcion global y regulaciones internacionales” incluido en el libro Nuevos Temas de Derecho Internacional, Libros El Nacional, 2006), que la corrupción resulta imposible erradicarla de manera total y definitiva y que habrá que convivir con ella, pues los hombres no son ni serán ángeles; por lo tanto, harán falta gobierno y controles que busquen reducirla o llevarla a su mínima expresión, incapaces como somos, de acabarla.
Recordaba entonces aquello que decía Hayek de que el hombre no solo sigue reglas, también persigue fines, y que en posiciones de poder, a mi juicio, se puede apartar de aquellas y sucumbe, en mayor o menor grado, ante la tentación de obtener beneficios ilícitos, individuales o de grupo, echando mano a prácticas administrativas reñidas con la ley.
Pareciera que nuestros pueblos se han ido concienciando respecto de la conexión íntima y directa entre corrupción, tanto privada como pública, y la carencia de bienestar. Los estudios sobre este tema lo han documentado con cifras, demostrando como repercute en los niveles de desarrollo y crecimiento, y amenaza las bases de la economía mundial, la competencia, las inversiones y el comercio.
Para nadie es un secreto que en nuestro país, Venezuela, la corrupción se ha potenciado en tiempos recientes a niveles insospechados.
Los enormes ingresos petroleros recibidos por el gobierno venezolano, que hoy es más militar-cívico que cívico-militar, han tentado a funcionarios inescrupulosos, que se han enriquecido de la manera más obscena posible.
Las múltiples denuncias al interior del país y las que vienen desde fuera lo corroboran. Las pruebas e indicios sobran. Mientras en otros países se enjuician y encarcelan a los delincuentes que han desfalcado al erario público, como lo vemos en el caso de la transnacional de la corrupción, Odebrecht, en el nuestro la impunidad es escandalosa, sobre todo, cuando han sido señalados con nombre y apellido los involucrados en esta suerte de internacional, que hemos llamado Corruptos sin fronteras.
Al frente de los Ministerios más importantes y de las principales empresas públicas nacionales han estado y están militares activos y/o en situación de retiro.
Las cifras de su participación determinante en todas las áreas de nuestra economía están suficientemente documentadas por investigadores independientes, basta revisar la Gaceta Oficial.
Los militares que prácticamente controlan el gobierno de nuestro país, enarbolan una ideología militarista mesiánica, que impuso Hugo Chávez.
Ello se ha concretado en leyes, definiciones de políticas y decisiones administrativas. Los militares tienen empresas bancarias, de seguro, de medios televisivos e impresos, de extracción de minerales y de distribución de alimentos, entre otras.
Los resultados desastrosos de esta administración militar están a la vista. Más allá de la incompetencia y la ignorancia, la inmoralidad administrativa es lo que impera. Los que con seguridad no están en la misma situación lamentable son sus bolsillos.
En el ámbito internacional se han tomado medidas y se anuncia otras de carácter multilateral sobre el caso particular de Venezuela. El Secretario del Tesoro de EE.UU, S. Mnuchin, declaró el 19-4-2018, que son necesarias acciones concretas para restringir la capacidad de corrupción de los funcionarios del gobierno venezolano y de sus redes de apoyo, que abusan del sistema financiero internacional, y en tal sentido, hace saber que los países occidentales acordaron fortalecer la cooperación internacional para intercambiar información a través de canales apropiados sobre los activos propiedad de aquellos.
Algún día, espero que pronto, llegará implacable la justicia para enderezar este estado general de corrupción. Cuando retorne la democracia se dispondrá de todo lo que corresponda para enjuiciar a los culpables de nuestra desgracia actual.