Familiares de oficiales del Ejército venezolano detenidos en marzo por presunta conspiración exigieron su liberación denunciando irregularidades en el procedimiento judicial, en medio de lo que críticos llaman una creciente purga de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro arrestó el 2 de marzo a nueve oficiales, en su mayoría de alto rango, durante una ola de rumores sobre conspiraciones golpistas de militares molestos por la profunda crisis económica del país.
Familiares de dos de los oficiales encarcelados dicen que los cargos están basados en evidencias circunstanciales, que el caso ha violado el debido proceso y los acusados son inocentes.
“Estamos hablando de un profesional militar que ha tenido una carrera intachable, que estuvo a cargo de un batallón, y de un día para otro está detenido sin ninguna explicación”, dijo Leonela Difurt de Medina, esposa del teniente coronel Henry Medina.
“Ha sido un proceso plagado de irregularidades desde un principio”, agregó.
El Ministerio de Defensa no respondió a un correo electrónico de Reuters solicitando comentarios.
Los nueve detenidos forman parte de un grupo de unos 60 oficiales de las Fuerzas Armadas que están hoy detenidos, según el grupo de derechos humanos venezolano Foro Penal, un caso que incluye al exministro del Interior Miguel Rodríguez, arrestado en marzo.
A pesar de denunciar con frecuencia unos frustrados levantamientos militares, el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el incidente de los nueve militares.
Los rumores de golpe han sido frecuentes en Venezuela desde que el fallecido presidente, Hugo Chávez, sufrió uno por parte de oficiales castrenses vinculados con la oposición que lo alejó del poder por casi 48 horas en el 2002.
Desde entonces, los críticos dicen que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha exagerado las amenazas golpistas como excusa para llevar a sus adversarios a la cárcel.
Maduro dice que las Fuerzas Armadas son en general leales a su gobierno, pero pequeños grupos de conspiradores han tratado de socavar su administración con el apoyo de Washington.
El descontento en las tropas ha crecido a medida que la hiperinflación erosionó los salarios y la escasez de alimentos deja a los oficiales y tropas luchando por sobrevivir.
En la acusación de cargos de traición y conspiración se señala que los nueve oficiales estaban celebrando reuniones en Caracas para discutir un levantamiento, dijo Difurt de Medina. Las presuntas reuniones fueron celebradas en un momento que su esposo se encontraba en el otro lado del país, agregó.
Las detenciones incluyen a seis tenientes coroneles y tres oficiales de menor rango, según un abogado que representa al grupo. El mes pasado fueron trasladados a diferentes cárceles de todo el país, incluidas varias prisiones notoriamente violentas.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar, DCGIM, mantuvo a los oficiales incomunicados por más de una semana, en una franca violación del debido proceso, dijo la mujer. La mayoría de ellos fue transferida luego.
Juan Carlos Peña, uno de los oficiales detenidos, estuvo esposado durante toda esa semana, según Leanys Ortega, su exesposa y madre de dos de sus hijos, quien también es su abogado. En ese momento, estaba completando un curso de certificación militar.
Los funcionarios del DGCIM falsificaron la fecha del arresto en los registros oficiales para que pareciera que se presentaron a un juez dentro de las 48 horas como lo exige la ley, dijo.
“Juan Carlos, no es comandante (…) bajo su supervisión no estaba ni una tropa, ni armamento, en su poder lo que tenía era una laptop, un lápiz y un cuaderno”, dijo Ortega en una entrevista en su casa en la occidental ciudad de Maracaibo.
Reuters no pudo obtener comentarios de familiares de los otros funcionarios detenidos. Reuters