Ver a la abogada Theresly Malavé revelando la cruda realidad del diputado Gilber Caro tras las rejas, grave de salud, sin atención médica, en aislamiento total, víctima de los peores tratos, ¡torturado!, con retardo procesal, secuestrado y convertido en otro preso político civil que irá, si así lo dispone Iris Varela, a la cárcel militar de Ramo Verde, me hace recordar el Juicio del 7 de abril de 1928, abierto ante la jurisdicción militar, detallado por Germán Herrera Umérez en el libro “Prisiones de Venezuela a la muerte de Juan Vicente Gómez”, destacando como los procesados “no tienen la menor esperanza de salir bajo el gobierno de Gómez, que los ha seleccionado para acabar con sus vidas… secuestrados que en los infectos calabozos de “La Rotunda” eran matados con premeditado cinismo”.
Por irónico que parezca, Diego Antonio Salazar Luongo, padre del cuestionado Diego Salazar Carreño y un pariente lejano de mi familia, de Caripe El Guácharo, en su libro “Los Últimos Días de Pérez Jiménez”, descubre circunstancias igual de censurables a las que eran sometidos los presos políticos durante la dictadura perezjimenista. Si con Hegel creemos que la historia es cíclica, estamos en un nuevo ciclo de atrocidades demostrativas de la negación de justicia por parte de un régimen que no da, a quienes se encuentran en las cárceles por motivos políticos, ni menos ni más garantías que el de Juan Vicente Gómez o el de Marcos Pérez Jiménez.
Ante esta sombría realidad, sacada a la luz esta vez por la querida y respetada Theresly, resulta absurdo, al menos para mí, leer en la cuenta twitter de Zair Mundaray, “Esta es una orden Judicial dictada por una Juez que siguiendo la instrucciones del Gobierno mantiene detenido al diputado @gilbercaro debe cumplir su traslado, es responsable de su salud e integridad! @santafeluz”. Zair Mundaray, notable mano derecha de Luisa Ortega Díaz o la mano que mece la cuna detrás de ella, con quien huyó del país, es tan responsable, como su jefa y Nicolás Maduro, de este estado de cosas nocivo para la vida democrática del país, ocasionado en los presos políticos, por tanto, su advertencia luce controversial.
Es posible que uno dude del ex fiscal Franklin Nieves cuando dijo: “Zair Mundaray, fiscal que acompaña a Luisa Ortega Díaz, coordinó actuaciones en mi contra cuando huí de Venezuela: amenazaban a mis empleados para que revelaran información sobre mí”; tal vez conciba como un ardid esta denuncia: “Yo Walid Makled, muestro ante la opinión pública un testimonio en contra de Luisa Ortega Díaz y El Ex-Director General de la Fiscalía Zair Mundaray Rodríguez (quién era su mano derecha en extorsiones en el Ministerio Público), por la vil masacre de la familia del señor Ayman Chams El Dine… La Ex-Fiscal General y el Ex-Director General de la fiscalía se lucraron con extorsión a la víctima de esta gran tragedia, confirmando así, que no se conformaron con la extorsión en dólares, euros sino también en oro a muchas víctimas. Éste es uno de tantos delitos cometidos por estos dos criminales.”
Además, existen otros testimonios que confirman esa conducta delictual en Zair Mundaray, refiriéndose abiertamente a él, Mirla Hernández le enrostró “Tú lo sabes, tú violaste los derechos de mi hermano Doctor Milton Hernández por abuso de poder”, y Freynaldo Aleixandre Adrián Ochoa, en relación al Exp.OP04 P 2015 2041, denunció, “Fui extorsionado por Zair Mundaray y la sobrina de Ortega Díaz, María Alejandra Pérez y su Auxiliar Colmenarez (6ta Nac.) $ 160.000. RATEROS”. En síntesis, son la máxima expresión de la ilegalidad, procediendo siempre con su habitual desvergüenza. Por cierto, María Alejandra Pérez vive con su esposo, Rubén Darío Ortega Suárez, sobrino de Luisa Ortega, en la mansión que ésta y su esposo, Germán Ferrer, adquirieron en La Boyera, que no es el apartamentico donde Luisa vivía con su mamá, como cree la gente de Tarek William Saab.
No analizaré fundamentos de derecho objetivo, aunque existan causales de hecho que nos dan dichos fundamentos para no reconocer como auténticas y válidas acciones supuestamente a favor de la justicia y la democracia personificadas por Zair Mundaray, Luisa Ortega Díaz y Germán Ferrer, hasta ayer plegados al régimen, que actuaron y actúan desconociendo lo taxativamente establecido en la Constitución y por estar incursos en hechos criminales que van desde el fraude procesal continuado y reincidente, simulando la recta administración de justicia, hasta la incierta defensa de los derechos humanos, por ende, ajenos a los intereses de un pueblo que hoy dicen defender del mismo modo que lo hacían ver cuando eran gobierno.
Y aunque lo anterior es una tentación para entrar en disquisiciones del derecho subjetivo, en cuanto a la norma moral, no lo haré, aunque obviamente sean actos contra la ética, inmorales, pretender realizar la recuperación de la democracia en Venezuela empleando recursos y medios de origen dudoso, animados por intereses personales bien solapados en una gesta justiciera cuyo posicionamiento nacional e internacional dista de ser exitoso.
A quienes me preguntan porque insisto en el tema, les respondo parafraseando a Milagros Socorro, si usted dice enfrentar un régimen cuyos mil crímenes deben ser denunciados, y no se molesta en mencionar ni uno de ellos, usted está trabajando para el tirano, más si los huidos son corresponsables de crímenes como el que se comete en la persona de Gilber Caro. Porque es un crimen lo que se está haciendo con ese muchacho.
Muchos dirán que me contradigo, invocando las recientes y tardías denuncias de Luisa Ortega Díaz y Zair Mundaray, también las de German Ferrer, volviendo al “antes” y “después” que han querido fijar, es fácil apreciar las inconsistencias de un devenir penal post fuga dirigido exclusivamente a descollar dentro del exilio venezolano promoviendo actuaciones como las del enjuiciamiento de Maduro, del cual poco o nada se les escucha hablar en estos momentos, o aupando iniciativas al estilo del “Gran Acuerdo Venezuela” aprovechándose de las carencias o limitaciones de quienes las conciben.