Este martes, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para introducir un recurso ante la Sala Electoral con el objeto de impugnar la convocatoria del proceso electoral convocado para el próximo 20 de mayo, y solicitar la aplicación de una medida cautelar urgente de amparo constitucional para que se suspenda el acto de votación mientras se tramita el juicio, reseña Derechos.org.
Ante la actual coyuntura política, económica y social, Provea considera obligante ejercer este recurso para exigir de los órganos de administración de justicia, el cumplimiento de la Constitución y la garantía del derecho al sufragio de todos los ciudadanos venezolanos.
En el proceso convocado para el próximo 20 de mayo, los electores no somos libres de votar por cualquier candidato, toda vez que fueron ilegalizados los principales partidos de oposición y sus principales líderes fueron inhabilitados arbitrariamente para participar. Los electores estamos sometidos igualmente a presiones indebidas por parte del gobierno y sus partidos (PSUV y Somos Venezuela), quienes ofrecen dádivas o amenazan con restricciones a los titulares del llamado Carnet de la Patria que no voten el 20 de mayo.
La Comisión Americana de Derechos Humanos ha abordado en varios casos anteriores la importancia fundamental de los organismos electorales independientes e imparciales; considerando que un proceso electoral auténtico, libre y justo no puede ser aquel administrado por funcionarios u organismos sobre los cuales el gobierno o los partidos políticos tengan una influencia decisiva.
La falta de imparcialidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral no solo se desprende de sus antecedentes profesionales que los vinculan, en su mayoría, al Gobierno, sino que también la misma ha quedado demostrada durante el transcurso del tiempo y durante los procesos electorales al observar la conducta y el proceder constante y reiterativo del organismo electoral para beneficiar sólo a una parcialidad política, la identificada con el Gobierno, mientras que ha constantemente perjudicado y limitado los derechos políticos de los opositores venezolanos.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; la Secretaría General de la OEA; los Estados Unidos de América y Canadá; Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía; la Unión Europea: han manifestado que el proceso relativo a la elección presidencial es fraudulento, porque no se expresará libremente el sufragio de los ciudadanos venezolanos. Muchos han afirmado que desconocerán el resultado de la elección presidencial cuyo acto de votación está previsto para el 20 de mayo de 2018, sin importar quién obtenga el mayor número de votos, lo cual acarrearía gravísimas consecuencias para Venezuela y los venezolanos, desde todo punto de vista.
En un comunicado divulgado este lunes por 43 organizaciones de la sociedad civil venezolana, expresamos nuestra preocupación por el proceso convocado para el 20 de mayo, y exigimos la suspensión del mismo toda vez que el mismo adolece de las condiciones necesarias que den garantías para el derecho al sufragio.
Este #15May Provea impugnó ante el TSJ convocatoria a elecciones del 20 de mayo https://t.co/VXzaJugeIE pic.twitter.com/3Qbnv3tbc9
— PROVEA (@_Provea) 16 de mayo de 2018