En un país serio, después de lo ocurrido el 20 de mayo, ya el presidente de la República habría renunciado.
Ese día, Nicolás Maduro evidenció ante el mundo que perdió hasta el apoyo de la mayoría de los seguidores de Hugo Chávez. Las cifras creíbles más generosas le dan un exiguo respaldo popular. Se quedó solo en el poder, con sus cercanos y la cúpula militar. No podía de ser de otra manera ante la pavorosa crisis que ha desatado su gobierno en Venezuela. La hiper-inflación, que se ha llevado históricamente por delante a los gobiernos de los pueblos que la han padecido, está llegando a récord mundial.
Me cuesta entender cómo la oposición, como un todo, no centra en este momento su clamor por la renuncia de Maduro. No basta una que otra voz pidiendo su dimisión: habría que hacerlo todos, con contundencia. Flaco servicio hacen algunos, sin darse cuenta, al hacerle el juego a la permanencia de Maduro, cayendo en su estrategia de hacernos sentir que él está consolidado en el poder, con el propósito de generar desaliento y resignación. Unos, por afirmar que tenían razón, nos enrostran que ahora tenemos a Maduro hasta el 2025; otros, por pesimismo, empiezan a hablar de aceptación y de hacer planes a largo plazo para salir de esta calamidad; por último, los que utilizan las falsas cifras del CNE para hacer sus análisis y conclusiones sobre lo ocurrido el 20 de mayo, quiebran la única línea que debería tener la oposición democrática en este momento: una voz potente y consolidada a todo lo largo del país que exija la salida de Maduro. El pueblo ya no lo quiere y está demostrado a lo largo de la historia, en muchos países, que la fuerza de una corriente de opinión pública puede llegar a ser muy poderosa y producir cambios sorprendentes y repentinos.
La farsa del 20 de mayo –signada por la abstención y el fraude- no tiene validez para que se proclame que tenemos un Presidente para el período de seis años, que, de acuerdo a la Constitución del 99, comienza en enero de 2019. Es tarea pendiente elegir uno. Pero hasta allá quedan por delante más de siete meses de esta horrenda crisis y Nicolás Maduro no está en capacidad de enfrentarla, no puede con ella. Lo patriótico sería que cediera el paso a una salida de transición negociada, con la presencia de las mejores capacidades del país, para encarar esta situación, “si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”, como dice el Padre Luis Ugalde en su más reciente artículo.
La renuncia es una salida prevista en la Constitución. No somos ingenuos: sabemos que ésta no se produce porque se quiera, sino porque el presidente se ve forzado a hacerlo. El único caso probablemente en que se concretó por voluntad propia fue el de Raúl Alfonsín, en Argentina. De resto, todos, desde Pinochet hasta Color de Mello pasando por Fujimori y De la Rúa, renunciaron porque sus pueblos los forzaron a dejar el poder.
Corresponde a la Asamblea Nacional y sus dirigentes la responsabilidad histórica de esta hora. La Constitución le confiere un papel protagónico como legítima representante del pueblo. Con el respaldo de la sociedad civil y de los integrantes de la institución armada, cuya mayor responsabilidad, al mismo tenor de defender la soberanía del país, es la de sostener -y de ser transgredido restablecer- el orden constitucional, los venezolanos tenemos la vía para resolver con seriedad y patriotismo el momento trágico que vivimos hoy.
La situación no espera, el deterioro es alarmante. Es en momentos como éste cuando el pueblo venezolano clama por la unidad de su dirigencia, de toda su dirigencia, ya sea política o social, empresarial o sindical, estudiantil o intelectual. En todos urge un solo propósito y un solo mensaje: para comenzar a encontrar salida a esta crisis, hay que forzar a Maduro a renunciar.