A casi tres meses de la tragedia de la comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde murieron 69 personas, la madre de una de las víctimas todavía no ha recibido el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura. Así lo reseña el-carabobeno.com
Celis Haydee Ortega Sánchez ha hecho todo lo que está a su alcance para que le entreguen los restos de su hijo, Rafael Ortega Sánchez, de 25 años, pero hasta ahora todo ha sido en vano. Por eso decidió formar parte del comité de víctimas que dirige la defensora de los derechos humanos, Lyli López, y jueves acudió a la fiscalía a exigir respuestas.
En documento consignado ante la Fiscalía Superior, Ortega Sánchez asegura que el 28 de marzode 2018 le informaron en la comandancia de la Navas Spínola, que su hijo aparecía en la lista de fallecidos. No obstante hasta la fecha no ha visto su cuerpo, pese a que acudió ante la subdelegación Las Acacias del Cicpc y a la fiscalía 35, pero no ha recibido respuesta oportuna. El comité de víctimas también ha presentado varios documentos antes esos despachos, pero con los mismos resultados.
También cita una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, según la cual “El ejercicio de la autoridad no debe amparar vulneraciones ilegítimas de los derechos fundamentales que a cada uno de los ciudadanos garantiza el ordenamiento jurídico, bajo el pretexto de la seguridad ciudadana, pues ello comportaría sacrificar la seguridad de los derechos de cada uno de los ciudadanos, por un pretendido derecho a la seguridad de todos. Tal situación pudiese derivar en graves violaciones contra derechos fundamentales especialmente cardinales para toda la organización social, como lo son: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la justicia, entre otros”
La sentencia también refiere que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución, no solo son responsables de los abusos perpetrados por los organismos de seguridad quienes los ejecutan sino aquellos que los ordenan en sus distintas jerarquías.
La obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos, es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, por cuanto la investigación judicial permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que
prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos.