Williams Dávila: La AN rechaza la judicialización de la diatriba por el Esequibo

Williams Dávila: La AN rechaza la judicialización de la diatriba por el Esequibo

Foto: Nota de prensa

El presidente de la Comisión mixta para la Defensa de la Soberanía venezolana sobre el territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, diputado William Dávila Barrios, rechazó, este viernes, la judicialización de la controversia del territorio Esequibo. En tal sentido, alegó que la posición histórica de Venezuela ha sido no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, instancia a la que Guyana pretende llevar la diatriba internacional.

Nota de prensa

“Maduro no ha sido capaz de defender 159 mil kilómetros cuadrados del territorio que está en reclamación. No han podido realmente defender la integridad del territorio, violando de esa manera la Constitución”, destacó el parlamentario en rueda de prensa en la que dejó clara la posición de la legítima Asamblea Nacional.





El también miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración; condenó que el gobierno de Venezuela no haya sabido rechazar -en el pasado- de manera contundente actos unilaterales por parte de Guyana. Como ejemplo de ello explicó que en 2004 el fallecido presidente Hugo Chávez apostó a “bajarle dos a la controversia con el Esequibo”, y en consonancia con ello dijo que su gobierno no sería obstáculo para proyecto alguno que se desarrollase en este territorio.

Explicó que esta situación ha venido agravándose por el silencio de Nicolás Maduro frente a la violación del Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana, al permitir que empresas transnacionales desarrollen actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en una zona que tiene más de 80.000 millones barriles de petróleo liviano.

Ante este panorama, en nombre del único poder legítimo que existe en el país, señaló al actual jefe de Estado, quien se ocupa la conducción de la política exterior del país, como responsable de que el lunes 18 la Corte Internacional de Justicia esté convocando a las partes para evaluar el estatus de la reclamación del Esequibo.

“No lo podemos aceptar porque nunca hemos aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el Protocolo Facultativo nunca lo firmó Venezuela y en todos los tratados en los que Venezuela se ha visto obligado de participar en su discusión, siempre ha establecido como cláusula de reserva ese Protocolo Facultativo de la Corte Internacional de Justicia”, sumó el legislador andino.

Reafirmando la vigencia del acuerdo de Ginebra, el también dirigente de Acción Democrática le exigió al “régimen deslegitimado desde el punto de vista electoral” asumir su responsabilidad. Hemos llegado a este nivel por carencias de una política exterior seria y responsable que convoque a expertos. “No han tenido un negociador a tiempo completo, ni han convocado al Consejo de Estado ni a la Asamblea Nacional, poder legítimo que debió ser tomado en consideración”, precisó.

Francisco Sucre condenó 20 años del manejo demagógico de la política exterior

Por su parte, el diputado Francisco Sucre, quien será nombrado presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN cuestionó que el próximo lunes esté pautada esta reunión exploratoria de la Corte Internacional de Justicia, y aseguró que tal situación obedece a 20 años del manejo de la política exterior de forma irresponsable, demagógica.

Respaldando todo lo dicho por Dávila, Sucre manifestó que Venezuela firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966 a petición de Guyana, cuando plantearon que no se judicializara este tema, sino que por el contrario se buscaran mecanismos de entendimiento y negociación satisfactorios para ambas partes.

Antes de finalizar, Dávila recalcó que esta instancia parlamentaria prepara un Proyecto de Acuerdo que será debatido en la próxima sesión de la Asamblea Nacional para dejar por sentado ante el mundo que se mantienen fieles a lo tipificado en el Acuerdo de Ginebra y no permitirán que esta disputa llegue a la Corte de Justicia Internacional sin ante agotar otras vías como lo establece el artículo 33 de la Carta de la Naciones Unidas.