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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo hoy que analiza llamar a nuevo un paro nacional en Nicaragua, esta vez de 48 horas, para presionar al presidente Daniel Ortega a que cese la represión que ha dejado al menos 212 muertos en protestas antigubernamentales desde el 18 de abril.
EFE
“Tomamos nota de la propuesta de paro (nacional) por 48 horas, el paro forma parte de una serie de elementos de presión que siguen sobre la mesa de la Alianza”, informó hoy el grupo, integrado por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
El anuncio fue emitido por la Alianza en sus redes sociales, horas después de que organismos de derechos humanos confirmaron la muerte de al menos 5 personas en las últimas 24 horas, a manos de las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
Entre las víctimas están un adolescente que volvía de jugar fútbol, un bebé de 15 meses de nacido que recibió un disparo en la cabeza, dos estudiantes universitarios y un hombre adulto.
Los empresarios ya realizaron un primer paro nacional, de 24 horas, el 14 de junio pasado, en protesta contra la represión y para obligar a Ortega a invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea, para que investiguen los asesinatos.
Aunque el Gobierno no detuvo la represión y el número de muertes se mantuvo en ascenso, Ortega finalmente se vio obligado a invitar a los organismos internacionales a que realicen visitas de trabajo en Nicaragua.
La Alianza también confirmó la suspensión de una marcha multitudinaria de protesta programada para esta tarde, para evitar que ocurriera lo del 30 de mayo pasado, Día de las Madres en Nicaragua, cuando las “fuerzas combinadas” atacaron una manifestación de cientos de miles de mujeres con sus hijos, y que dejó al menos cinco fallecidos.
Nicaragua cumplió hoy 67 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.