El último Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reitera que en Venezuela no solo se cometen violaciones graves de derechos humanos, sino que por su generalidad y sistematicidad expresan crímenes de lesa humanidad, tal como tipificados en el Estatuto de Roma de 1998. Este Informe completa el del año anterior y el recién publicado por un grupo de Expertos de la OEA y más aún la declaración del día de hoy del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien expreso su preocupación por esta realidad que impacta al mundo y que y no puede esconder el grupo organizado de delincuentes que maneja el país hoy en día.
La comunidad internacional avanza, aunque muy lentamente, en favor de la restitución del orden democrático y de las libertades en el país. Las declaraciones de Presidentes, Ministros, políticos y muchos en el exterior muestran que hay un progreso importante que el régimen de maduro y sus secuaces tratan de ignorar y todo ello mientras el país se deshace, se destruye, dejando solo caos, miseria y una peligrosa anarquía que pone en peligro, como hemos dicho siempre, la estabilidad y la paz regionales…
La comunidad internacional debe actuar, más aún para la Corte Penal Internacional, en particular, la cuestionada Fiscal del Tribunal, la señora Fatou Bensouda, quien ha recibido más de diez denuncias, todas bien fundamentadas, las de Parlamentarios extranjeros, de juristas de prestigio como William Cárdenas y la Plataforma de Madrid, Víctor Rodríguez Cedeño, Walter Márquez, Diego Arria, Tamara Suju y organizaciones no gubernamentales venezolanas y extrajeras, en fin, un cúmulo de denuncias que muestran este triste escenario, que la Fiscal desprecia.
Hay elementos y no lo dicen solo los órganos internacionales, lo señalan las víctimas, se desprende de la realidad de las tumbas y otras cárceles en donde la tortura es sistemática. Todos saben lo que pasa, menos para la Fiscal de la Corte quien está actuando con demasiada prudencia, la misma quizás que permitió, por una mala presentación de los cargos, no sabemos si intencional, la liberación del criminal Bemba, por una decisión de la Corte de Apelación, en La Haya.
Sin duda el Alto Comisionado tiene la mayor credibilidad, al igual que los órganos regionales, el Secretario General de la OEA y los Expertos convocados con el que determinaron que sí se cometen crímenes de lesa humanidad y que la Corte debe iniciar de una vez por todas la investigación formal que permita la acusación de los responsables de estos crímenes, indicados por muchos, que ocupan todos los niveles del gobierno de Nicolás Maduro.
Pese a todas las trabas y las estrategias perversas y canallas del régimen, sus representantes y autores de estos crímenes, saben que más temprano que tarde les tomarán las medidas para ordenar los uniformes anaranjados que vestirán por muchos años en la cárcel de La Haya.