La Unión Europea impuso este lunes sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, a raíz de la elección presidencial del 20 de mayo que supuso la reelección de Nicolás Maduro y que, para los europeos, no reunió las garantías suficientes.
LaPatilla.com
Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas a la lista de sancionados con medidas “selectivas”, que implican la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos.
Caba destacar que el pasado mes de enero la Unión Europea también había sancionado a siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” en Venezuela, entre los que figuran su “número dos”, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura entre los 11 funcionarios venezolanos a los que la Unión Europea (UE) impuso este lunes las nuevas sanciones acordadas a raíz de la reciente elección presidencial en el país.
La decisión, adoptada por los cancilleres europeos, eleva así a 18 el número de personas sancionadas por la UE por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica.
Los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de junio, sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente: “usurpación de las competencias” del parlamento venezolano y “su utilización para atacar a la oposición”.
El actual ministro venezolano de Educación, Elías José Jaua Milano, también está sancionado por sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la oficialista Asamblea Constituyente, que la UE no reconoce, por “socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
Los europeos imponen medidas a tres responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE) por “facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral” en Venezuela.
Los sancionados con la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque son su vicepresidenta, Sandra Oblitas, su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, y una de sus miembros, Socorro Elizabeth Hernández.
A Fredy Alirio Bernal Rosales le acusan de la “manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos” al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP y de “violaciones de derechos humanos” como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
En el apartado de “violaciones de los derechos humanos”, la UE sanciona al actual vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN.
Por el “excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición”, los 28 sancionan al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano, actual inspector de la Fuerza Armada Nacional bolivariana.
Los europeos reprochan también el uso de la fuerza y “malos tratos a los detenidos” al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Rafael Suárez Chourio. Al jefe de la dirección general de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, también se le acusa de reprimir a la sociedad civil.
La undécima persona sancionada este lunes es la vicefiscal general, Katherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales “motivados políticamente” y omitir la “investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos”. AFP
Tareck El Aissami
Sergio José Rivero Marcano
Jesús Rafael Suárez Chourio
Iván Hernández Dala
Delcy Eloína Rodríguez
Elías Jaua Milano
Sandra Oblitas
Freddy Alirio Bernal
Katherine Harrington
Socorro Elizabeth Hernández
Xavier Antonio Moreno
El 25 de junio de 2018, el Consejo ha decidido someter a medidas restrictivas a once personas que ocupan cargos oficiales. Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes.
Esta decisión es una consecuencia directa de las Conclusiones adoptadas por el Consejo el 28 de mayo de 2018, que instaban a tomar medidas restrictivas complementarias orientadas y reversibles que no perjudiquen al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela.
Tal como indican las Conclusiones, las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 no fueron libres ni justas y su resultado carece de toda credibilidad, ya que el proceso electoral no ofrecía las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático. En este contexto, la UE hizo también un llamamiento para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano. Al mismo tiempo, la UE reiteró asimismo la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Estos siguen siendo aspectos fundamentales en función de los cuales la UE adaptará su política.
La decisión de hoy eleva a dieciocho el número de personas sometidas a sanciones en vista de la situación en Venezuela. El Consejo incluyó por primera vez en la lista a siete funcionarios venezolanos implicados en la vulneración de los principios democráticos o del Estado de Derecho, así como en violaciones de los derechos humanos, el 22 de enero de 2018. Las medidas restrictivas tienen por objeto contribuir a promover la adopción consensuada de soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población.
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